Abogado fiscal

Economistas opositores al gobierno y otros que tienen una posición crítica sin ser contrarios al estado de Nicaragua sostienen que la propuesta de concertación tributaria que propone el gobierno no podrá cumplirse en pocas semanas. Pusieron en duda que se logre recaudar el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB en los objetivos tibutarios.

El economista José Luis Medal dijo que antes de realizar cualquier reforma fiscal se debe de contar con el apoyo presupuestario europeo y que los 487 millones de dólares de la ayuda de Venezuela se incorporen al presupuesto, según datos del Banco Central del año 2008. Previno que la reforma fiscal gubernamental tendrá un efecto recesivo en la economía y tendrá repercusiones en la liquidez y rentabilidad de las empresas.

El gobierno propone , dijo Medal por ejemplo, la reducción del 30 al 25 por ciento el pago del Impuesto sobre la Renta (IR) para las actividades económicas; pero a la vez fija una nueva tasa, es decir crea un nuevo impuesto del 10 por ciento en concepto de IR para las rentas de capital, intereses, dividendos y ganancias. Criticó al Estado actual de impulsar una reforma tributaria y tenerla lista para su incorporación en el presupuesto general de la República del año 2010.

Por otro lado, el economista Adolfo Acevedo es del criterio de que se debe de recuperar el apoyo presupuestario, transparentar la cooperación venezolana y orientarla “de manera concertada”.

“El debate sobre la reforma tributaria se plantea en el peor momento, debido a la severa recesión que atraviesa la economía”, aseveró el economista.

El Abogado fiscal y crítico de todos los gobiernos Julio Francisco Báez, propuso que la burocracia estatal page el Impuesto sobre la Renta, IR, el “salario en especie” que se recibe por combustible los 200 funcionarios del gobierno que generarían 100 millones de córdobas al año. Suspender las exoneraciones de vehículos a diputados y ministros que darían un ingreso de 80 millones de córdobas; incorporar al presupuesto los recursos incautados al narcotráfico que estimó en 50 millones de córdobas, según cifras conservadoras; más otros 80 millones de córdobas en aranceles registrales que capta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo el jurista.