Los sectores políticos y económicos más influyentes de Nicaragua expresaron ayer sus serias contradicciones en torno a un decreto que emitió el Presidente Daniel Ortega el sábado, que prorroga en sus funciones a los magistrados y contralores. Mientras los diputados liberales mantuvieron sus críticas al mandatario, acusándolo de violar la Constitución; los sandinistas, partido en el poder, defendieron el actuar de Ortega y más bien advirtieron a los legisladores opositores que podrían ser “enjuiciados” por omisión de funciones, en caso de que frenen la elección de los nuevos magistrados y contralores...