Encuesta reveló que 61% de estadounidenses está de acuerdo con cambiar la Constitución

WASHINGTON.– Una encuesta divulgada el martes en Washington DC reveló lo que muchos inmigrantes no quieren escuchar: la mayoría de los votantes estadounidenses se oponen a que las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados reciban automáticamente la nacionalidad.

El estudio, elaborado por la empresa Rasmussen, precisó que un 61% de los votantes consultados afirmaron que el bebé de padres indocumentados no debería automáticamente convertirse en ciudadano de Estados Unidos, tal y como lo garantiza la Enmienda 14 de la Constitución.

Se trata de la cifra más alta conseguida en cinco años que lleva Rasmussen consultando sobre este tema, reportó la Agencia Francesa de Noticias (AFP).

La encuesta reveló además que un 28% cree que las personas nacidas en territorio estadounidense deben recibir la nacionalidad (6% menos que en agosto pasado) y 11% se mostró indeciso, según el sondeo.

La muestra se realizó con encuestas telefónicas a mil potenciales votantes entre el 17 y el 18 de abril, con un margen de error de +/-3%.

Clima antiinmigrante

A comienzos de febrero Univision.com reportó que legisladores de al menos 41 estados estudiaban presentar simultáneamente en sus respectivos congresos una iniciativa para modificar la Enmienda 14 de la Constitución y negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

La estrategia fue denunciada por la organización analítica nacional Centro Sureño Legal para la Pobreza.

A finales de diciembre se había reportado que legisladores ultraconservadores, tras la elección de medio tiempo del primer martes de noviembre, trabajaban en un proyecto que lideraba el sector ultraconservador republicano.

Mark Potok, jefe de inteligencia del Centro Sureño Legal, denunció en conferencia por Internet que unos 70 legisladores de 41 estados planean presentar de manera simultánea la iniciativa.

Grupo compacto

Los parlamentarios que promueven la iniciativa integran la coalición Legisladores Estatales por la Inmigración Legal, que forma parte de la Federación por la Reforma a la Migración (FAIR).

La entidad publicó en su página web que buscan “una completa colaboración de nuestros gobiernos federal, estatales y locales para eliminar todas las atracciones e incentivos económicos para los ilegales y para asegurar nuestras fronteras contra la invasión ilegal”.

Tras el estancamiento en el debate de la reforma migratoria en junio de 2006, una severa ola antiinmigrante se regó por todo el país permitiendo que grupos ultra conservadores diseñen severas políticas migratorias para poner freno a la inmigración indocumentada, estimada en 11 millones.

Una de las iniciativas es la modificación de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.

La ley de Arizona

Potok dijo que tras la aprobación de la ley SB1070 de Arizona, el 23 de abril del año pasado, varios estados han tratado de presentar leyes réplicas de esa legislación y otras iniciativas que proponen sancionar a los patrones que den trabajo a migrantes.

En al menos 20 de los 50 estados en estos momentos de debaten leyes similares.

Durante el segundo semestre de 2010 y pese a estar en minoría en el Congreso federal, un sector de la oposición sometió a debate la Enmienda 14, tema que para algunos expertos es difícil y desvía la atención sobre un asunto de mayor importancia, como es la reforma migratoria.

"Quitar la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes no sólo afecta a éstos (los extranjeros), sino a los niños americanos", afirmó recientemente Michele Waslin, del Immigration Policy Center (IPC), durante una conferencia telefónica.

La Enmienda 14 está vigente desde 1868 y garantiza la ciudadanía a "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos", agregó.

Guerra abierta

En julio de 2010 varios dirigentes, entre ellos el senador Mitch McConnell (Kentucky), pidió llevar a cabo audiencias sobre el tema en el Congreso, y Jon Kyl (Arizona), que en años anteriores favoreció iniciativas para incrementar las redadas y las deportaciones de indocumentados, catalogó de "carga pública" a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

La postura permitió a varios legisladores federales y estatales ganar la elección en su estado en los comicios de noviembre. Y avanzar en el escenario nacional al movimiento ultraconservador Tea Party, que se opone abiertamente a darle residencia a los 11 millones de indocumentados y demanda el cambio inmediato de la Enmienda 14.

Para Elizabeth Wydra, consejera del Constitutional Accountability Center, es "históricamente equivocado" buscar revocar esta Enmienda de la Constitución. "Es una mala idea porque precisamente esta parte de la Carta Magna expresa la libertad e independencia, los ideales de este país, a sus ciudadanos sin importar la raza y el credo. Mejor tratemos de resolver el problema migratorio por la rama legislativa y no por la Constitución", enfatizó.

Realizar una enmienda constitucional requiere la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras en el Congreso, además del consentimiento de al menos 38 estados.