Estados Unidos mostró ayer su preocupación por las "aparentes irregularidades" de las elecciones presidenciales previstas realizarse el próximo 6 de noviembre en Nicaragua.

La nota de prensa norteamericana señala la negativa de acreditar a observadores de organizaciones nacionales para los comicios generales.

"Continuamos preocupados ante las aparentes irregularidades que se han producido durante el proceso electoral", afirmó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgada por la sede diplomática acreditada en Nicaragua.

Sugirió al gobierno del presidente Daniel Ortega garantizar condiciones para la realización de "elecciones libres y justas" permitiendo a la oposición y ciudadanos la expresión de "opiniones libremente" y la participación de los grupos de observación que "gozan de credibilidad".

Invitó al gobierno a asumir su responsabilidad en la celebración de un proceso "libre de intimidación, violencia y hostigamiento" a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto "en unas elecciones legítimas". A cinco días de las votaciones, criticó "la negativa del gobierno" de acreditar a organizaciones de observación nacionales "confiables" y las dificultades de algunos ciudadanos para obtener sus cédulas de identidad.

Los Estados Unidos en su nota expresan su preocupación por los pronunciamientos de las autoridades nicaragüenses acerca de la posibilidad de eliminar candidatos a diputados una vez concluido el proceso. El Consejo Supremo Electoral no autorizó el acompañamiento electoral de los organismos Hagamos Democracia e Ipade.

Ética y Transparencia no solicitó acreditación porque fue excluido en los comicios municipales de 2008. Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) se han desplegado por el territorio nacional para supervisar el periodo final de la campaña, las votaciones y el escrutinio.

Un inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia atenderá el reclamo de tres facciones del Partido Liberal Independiente (PLI) y amenaza la candidatura de 50 aspirantes a diputados de la organización opositora.