La Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), aprobada ayer en el Parlamento, despertó polémica entre los diputados sandinista (en el Gobierno) y los opositores, quienes denunciaron de eventuales acciones de espionaje de parte del Estado.

“Esta ley abre probabilidad de que cualquier ciudadano” pueda “ser investigado”, sostuvo Eliseo Núñez Morales, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).

La UAF será una institución que enfrentará el lavado de dinero, bienes y activos provenientes del narcotráfico o para financiar al terrorismo y se encargará de solicitar información sobre transacciones sospechosas a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

El texto de la ley, a criterio de la BDN, permitirá al Gobierno de Daniel Ortega cometer persecución política.

“Este es un problema de confiabilidad con un Estado que ya ha demostrado ser permeable ante el crimen organizado”, dijo Núñez Morales.

“¿Vamos a dejar la investigación de este tipo de casos en manos de quienes de alguna manera están siendo involucrados con este tema (del lavado de dinero)?”, agregó, sin referirse a un caso en específico.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder en Nicaragua, negó los señalamientos de los opositores y defendió las facultades de la UAF, una ley que, según dijeron, solicitan otros países para combatir el lavado de dinero.

La probabilidad de que el Estado cometa espionaje “es una vulgar manipulación política que han hecho” los opositores, indicó en el plenario el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Economía, Wálmaro Gutiérrez.

Manifestó que la UAF solo podrá solicitar informes y luego los entregará a la Policía y a la Fiscalía, los únicos facultados para abrir una causa oficial.

La UAF tendrá un director y un subdirector que serán nombrados por el presidente del país y considera operaciones económicas sospechosas todas aquellas transacciones que en un día realiza una persona natural o jurídica por un monto mayor a los 10 mil dólares.

Pero los opositores consideraron peligroso que en la nueva ley se estableció que la UAF podrá “analizar, investigar, dar seguimiento y sistematizar toda la información recabada, con el fin de generar un Reporte Técnico Conclusivo (RTC) cuando corresponda”.