Viernes, 19 de Setiembre de 2014
¡Hola!
Puedes iniciar sesión,
si no tienes cuenta crea una
publicidad

Portada » Nacional
 
actualizado 15 de mayo 2012
Vaticinan para Nicaragua la reafirmación de los derechos del mar
Hay una nueva interpretación del derecho internacional
Por Raúl Arévalo Alemán
Translate

foto
Juan Daniel Jaramillo.

El catedrático de Derecho Internacional de Tufts University, Juan Daniel Jaramillo, analizó varios fundamentos del derecho internacional marítimo a propósito del próximo pronunciamiento resolutivo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el conflicto de delimitación y derecho del mar de Nicaragua con Colombia al reclamar en el máximo tribunal del mundo, el archipiélago de San Andrés y Providencia, los cayos aledaños y mar territorial.

Jaramillo brindó declaraciones a la revista Semana de Colombia en las cuales afirma que hay una nueva interpretación del derecho internacional que se han venido aplicando en sentencias recientes.

La revista le preguntó al jurista : Sabiendo que la Corte con frecuencia falla en forma ‘salomónica’, es decir, que en sus fallos suele darle a un lado y al otro, ¿qué impresión le dejó la frase de la canciller?

Las decisiones de la Corte pueden predecirse, porque la jurisprudencia va evolucionando y dejando criterios claros.

Yo estimo que ella se refería a una nueva interpretación del derecho internacional que se ha venido aplicando en sentencias recientes y que se aparta de la jurisprudencia tradicional. Por ejemplo, en el caso entre Guinea y Guinea-Bissau, los jueces de La Haya dijeron que las normas del nuevo Derecho del Mar, nacidas en 1982, que crean la figura de la zona económica exclusiva, aplicaban a un tratado anterior. Esa nueva interpretación quizá no sea la más conveniente para las pretensiones colombianas, ni para la estrategia que adoptó el país para su defensa. El riesgo para el país es que sea la aplicada.

¿Y qué es la zona económica exclusiva?

Es un área marítima sobre la cual los países tienen derechos exclusivos de exploración y uso de recursos marinos y submarinos. Cubre 200 millas náuticas (aproximadamente 400 kilómetros) desde la costa, e incluye mar territorial y el subsuelo del mismo. En otras palabras, los recursos energéticos se encuentran tanto en tierra firme como en el océano, por lo tanto ahí puede haber un valor colosal. Como hay muy poca distancia entre Nicaragua y las islas alrededor de San Andrés, las zonas económicas se traslapan, y aquí tenemos el problema.

¿En qué consiste ese nuevo derecho internacional?

Los jueces hoy reclaman la facultad de establecer lo que de hecho son fronteras marítimas. Eso no se podía en el pasado. Para eso, utilizan herramientas nuevas de demarcación como equidad y delimitación creativa. Esta delimitación creativa tiene bastante de discrecional, e involucra un conjunto de factores jurídicos, históricos y políticos. El fallo sobre Colombia tendrá en cuenta estos tres elementos.

Pero ya se sabe que San Andrés y Providencia no están en juego. ¿Qué es lo que queda por definirse?

Hace cinco años, en 2007, la Corte Internacional en una decisión preliminar manifestó que sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, nuestro país acreditaba títulos plenos. No están, por tanto, en discusión. Pero dejó para el fallo definitivo el pronunciamiento sobre los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana, y la delimitación marítima entre los dos países. El reconocimiento de nuestra soberanía sobre San Andrés y Providencia fue presentada en el gobierno anterior como un triunfo colombiano rotundo, difundido por los medios, pero no lo era, pues nadie puede proclamar victoria porque le confirmen un título limpio de propiedad. A lo que no se le hizo ningún eco en ese momento fue a que quedaron expuestas para revisión subsiguiente la delimitación y soberanía definitiva de los cayos, que son de enorme valor económico y estratégico.

Usted critica a los gobiernos por sus actuaciones antes de la demanda de Nicaragua en 2001. ¿Cómo manejaron las administraciones que vinieron después, es decir, Pastrana, Uribe y Santos?

Hay que destacar la tarea proactiva que en este sentido adelantó el gobierno de Ernesto Samper, que designó un grupo multinacional de juristas con el objetivo de estudiar todos los escenarios posibles. Cuando se presentó la demanda en el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia inicialmente buscó desconocer la jurisdicción de la Corte. Pero después tuvo que retractarse por cuenta del Tratado de Bogotá, firmado en 1948. Ese intento de desconocer al juez y luego aceptarlo a regañadientes no ha tenido buena presentación, y podría traer consecuencias negativas para Colombia en el fallo definitivo.

¿Y ese manejo tuvo algún efecto en el proceso?

Pues claro. Si uno le dice a los jueces: “Ustedes no son competentes para conocer el caso”, que fue lo que dijo Colombia cuando presentó la figura jurídica conocida como excepciones preliminares; y luego la Corte responde: “Sí, lo soy”, el demandado, en este caso Colombia, arranca con el pie izquierdo. Los abogados extranjeros contratados en el gobierno de Samper habían advertido los riesgos de elegir ese camino. Pero una vez que se tomó esa decisión se incurrió en un error fundamental de estrategia judicial.

¿Cómo cree usted que va a ser el fallo? ¿Cuál sería el pedacito que podríamos perder por cuenta de la decisión salomónica?

Desde la óptica del interés nacional, en el mejor de los escenarios, las cosas seguirán como lo han sido. En el escenario menos bueno, y aquí encuentran su razón de ser las palabras del canciller, la Corte aplicará el principio de equidad y los postulados de Derecho del Mar de 1982. Si esto ocurre, me temo que Nicaragua se salga con la suya, y el nuevo límite gire hacia el este en detrimento nuestro. No me atrevería a fijar coordenadas astronómicas al llamado ‘pedacito’ pero, como la canciller Holguín, pienso que es realista incluirlo en las opciones que quedarían en firme en la sentencia.

 
©2012 La Jornada. Una empresa del grupo Arévalo-Garméndez. All Rights Reserved.