actualizado 30 de junio 2014    
OEA: ambicioso plan para legalizar haitianos en República Dominicana
Cuenta con el respaldo de varios países
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El inicio del proyecto comenzó el pasado 2 de junio, y será bastante estricto en sus medidas migratorias.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo el compromiso ayer domingo de apoyar a Haití a encontrar financiamiento para un anheloso proyecto que proveerá de documentos de identidad a los haitianos que habitan en República Dominicana sin permiso migratorio a fin de que logren legalizar su estatus.

El gobierno dominicano dio inicio el pasado 2 de junio pasado a un plan para regularizar a cualquiera de los extranjeros sin permiso de residencia, pero ha hecho la insistencia que el mayor obstáculo es la falta de documentos de identidad de los haitianos, que conforman la gran mayoría de beneficiarios del programa.

Ramón Fadul, ministro de Interior y cuya institución esta bajo el liderazgo del proyecto, detalló que durante las dos primeras semanas del plan, más de 30,000 haitianos fueron a inscribirse para regularizar su estatus, pero sólo 5.900 tenían algún tipo de documento y apenas menos de 100 cumplían todos los requisitos, como tener un contrato de trabajo y un lugar de residencia.

El funcionario hizo la insistencia en que al término del plazo de regularización, que termina en junio del 2015, todos los extranjeros que no tengan permiso de residencia serán deportados.

Como parte del plan de regularización y por solicitud de los gobiernos de ambos países, la OEA diseñó el "Diagnóstico para la identificación de los migrantes haitianos residentes en la República Dominicana" y lo entregó la semana pasada a las autoridades de ambas naciones.

Una vez que las autoridades ofrezcan sus observaciones y sugerencias y si lo solicitan, la OEA "buscará asistencia financiera de la comunidad internacional" dijo el organismo hemisférico con sede en Washington en un comunicado difundido el domingo.

El Diagnóstico propone pasos para otorgar en un periodo de 18 meses y mediante 23 oficinas y una unidad móvil certificados de nacimiento y tarjetas de identificación a unos 200,000 migrantes haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana.

Aunque no existen estadísticas oficiales, una encuesta de Naciones Unidas estimó en 2013 que cerca de 500,000 haitianos viven en República Dominicana, la mayoría de ellos sin permiso migratorio.

El gobierno venezolano también hizo la promesa de ayuda económica a Haití para financiar el proyecto, el cual forma parte de un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Puerto Príncipe y Santo Domingo a principios de este año como primer paso para que los inmigrantes haitianos se regularizaran en República Dominicana.

De cara a los reclamos del gobierno dominicano para que Haití comience a documentar a sus migrantes, el embajador haitiano en Santo Domingo, Fritz Cinéas, anunció el 24 de junio que su país reduciría las tarifas de emisión de documentos por un tiempo limitado y para unas 300,000 personas. Cobraría 2,500 pesos (unos 60 dólares) por la copia del acta de nacimiento, credencial de elector y pasaporte. El precio normal del pasaporte es de 80 dólares.

Después del anuncio de Cinéas, un grupo de inmigrantes haitianos se manifestó al día siguiente frente a la embajada de Haití para exigir que la emisión de documentos sea gratuita.

Las autoridades haitianas "saben que la mayoría (de inmigrantes) no tiene posibilidad de conseguir los fondos" para pagar por los documentos, dijo William Charpentier, dirigente de la organización no gubernamental Mesa para las Migraciones, a los periodistas.

El plan de regularización de extranjeros comenzó con 10 años de retraso desde que fue ordenado por la ley de migración del 2004. Su puesta en vigencia fue acelerada luego de que así lo ordenó el Tribunal Constitucional en 2013 y determinó en una controversial sentencia abrir juicios individuales para anular la nacionalidad dominicana de los hijos de inmigrantes sin permiso de residencia.

De forma paralela al plan de regularización de extranjeros, el Congreso aprobó en mayo una ley enviada por el presidente Danilo Medina para revalidad la nacionalidad de quienes estuviesen a punto de perderla por el fallo del Tribunal.






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