El magistrado español Baltasar Garzón (conocido por su implacable trabajo como juez instructor contra terroristas, narcotraficantes, criminales de guerra y grandes estafadores) fue denunciado por dos asociaciones franquistas: la ultraderechista 'Manos Limpias' y Falange Española, el partido fascista español. Acusado de prevaricar por investigar la desaparición de docenas de miles de españoles durante la guerra civil y la dictadura, a petición de familiares y asociaciones de víctimas del franquismo, así como las responsabilidades franquistas en esos crímenes contra la humanidad.

Lo que parecía una pataleta fascista ha conducido a Garzón al banquillo de los acusados. Contra todo pronóstico y razón el Tribunal Supremo de España juzgará a Garzón, que podría ser inhabilitado veinte años. El instructor (un tal Varela) dice que Garzón ha prevaricado por ignorar la ley de Amnistía de 1977. Una ley española de auténtico punto final. Esa ley de Amnistía permitió regresar a republicanos exiliados y liberó de responsabilidad penal a ciudadanos que habían actuado contra la dictadura de Franco. Cierto, pero sobre todo fue un blindaje contra la verdad y contra la justicia. Y por lo visto aún lo es.

En la transición de dictadura a democracia, esa ley consagró la impunidad total de la criminal dictadura franquista. Jaime Pastor, profesor de ciencia política, ha indicado que fue decisión deliberada evitar la justicia, impedir con esa ley que los crímenes de lesa humanidad (que no prescriben nunca) pudieran ser juzgados. Amnistía Internacional juzga insólito que se procese a un juez que busca la verdad, justicia y reparación de más de 100.000 desaparecidos durante la guerra civil y en la dictadura franquista. Una dictadura impuesta a sangre y fuego sobre la cual ya en 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas determinó que “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini”.

Y sobre la citada ley de Amnistía de 1977, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado recientemente a España a derogarla. Porque España firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ahí se establece que “nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”. El Pacto recuerda además que las desapariciones forzadas se consideran crímenes contra la humanidad. ¿Quién incumple la ley? Desde luego Garzón, no; puesto que España está obligada a cumplir la legislación internacional que ha firmado y ratificado.

El diario de Hamburgo Die Zeit ha publicado que el caso contra Garzón (una coalición de herederos del fascismo franquista y enemigos personales de Garzón) no es un bochorno nacional español sino un escándalo internacional. The New York Times ha escrito que la suspensión del magistrado sería una parodia de justicia y que los auténticos crímenes son las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo.

Alemania juzgó el nazismo y tras la guerra hubo un proceso de desnazificación: depuración de toda influencia nazi en Alemania y Austria. Y hoy se persigue cualquier exaltación o publicidad de tan nefasta ideología. España es vergonzosamente diferente. Franco continúa venciendo después de su muerte, calles y pueblos españoles aún ostentan nombres de ejecutores de la dictadura y una acusación de Garzón, la fascista Falange Española , organiza actos públicos donde enaltece impunemente la dictadura franquista.

Cabe extraer sin embargo algunas esclarecedoras conclusiones de este bochorno. La transición española no fue modélica sino todo lo contrario. Porque en muy buena medida la controlaron franquistas. Y los demócratas pecaron de miedo excesivo y tragaron demasiado. De aquellos polvos, estos lodos.

Afortunadamente, familiares de víctimas de crímenes del franquismo acudirán a los juzgados federales de Argentina a presentar una querella por el genocidio que el general Francisco Franco perpetró en España entre 1936 y 1977. Es posible hacerlo porque la constitución argentina reconoce la jurisdicción universal para juzgar delitos contra la humanidad.

Es noticia consoladora. Pero en tanto España no borre de su vida política e institucional hasta la última traza de franquismo, no habrá salida. A los hechos me remito.