El llamado Quito Poder del estado en o Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es un órgano regulador, seleccionador y veedor, creado al amparo de las reformas constitucionales evacuadas en la constituyente de Montecristi. Su función principal seria no solo escoger a las principales autoridades de control del estado como: Vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, Procurador General, Contralor General del Estado, Fiscal General, Vocales de la Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, Corte de lo Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, los superintendentes de Compañía, telecomunicaciones, seguros y bancos entre otras autoridades de control, sino también fiscalizar a organismos descentralizados y gobiernos autónomos del estado ecuatoriano.
Bajo el amparo de estas reformas se crearon las veedurías ciudadanas, que darían seguimiento a lo actuado por el organismo, y fiscalizarían a lo interno que la selección de las autoridades, se haga bajo el amparo de la ley, reglas de selección y que se cumplan con los procedimientos internos y constitucionales.
Hoy los acontecimientos han tomado un giro inesperado para los veedores, a quienes se les niega el derecho constitucional de fiscalizar, donde la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, mantiene secuestrado el organismo en una especie de dictadura administrativa.
Uno de los principales ejes de la revolución ciudadana en campaña, fue la democratización de la participación y veedurías ciudadanas que serian parte importantísima del Estado. Hoy vemos como todos los ensayos participativos de veedurías han caído como sacos de hielo para el régimen de Correa, que los descalifica cuando sus fallos no son favorables a los intereses del régimen, como en el caso de la veeduría sobre los contratos millonarios del ñaño Fabricio.
La participación ciudadana en veedurías está gravemente cuestionada por las actitudes antidemocráticas de algunos actores políticos, quienes parecen responder más a componendas de repartos públicos, que a los mejores intereses del estado ecuatoriano.
Particularmente en el caso de la selección de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y del fiscal General del Estado, se estaría favoreciendo a personeros allegados al régimen, en contra de otros candidatos que no corren la misma suerte. El CPCC debe permitir el trabajo imparcial de fiscalización que deben realizar los veedores ciudadanos, sino estarían empañando con un manto de manipulación y corrupción la elección de las autoridades de control del estado ecuatoriano.
La participación ciudadana no puede ni debe ser vulnerada en un estado de derechos, aunque a veces siento que somos un estado de “decretos”, donde los derechos cambian según la persona y el color de la bandera de quien se le aplique.
(*)Analista y Consultor Político