Desde que Sebastián Piñera llegó al poder, pareciera que todos los conflictos sociales explotaron simultáneamente en Chile: fuertes protestas estudiantiles, huelgas, militarización del territorio mapuche y graves casos de racismo contra las empleadas domésticas.
Lejos de coincidir con esta excusa que presenta el gobierno, es importante destacar que varias de las desigualdades sociales permanecían invisibles a los ojos del mundo durante las dos décadas del gobierno de la Concertación.
Este desequilibrio social se basa en la distribución inequitativa del ingreso y en los prejuicios sociales. A pesar de que durante mucho tiempo Chile fue un ejemplo de desarrollo macroeconómico, en el que en realidad se ocultó una sociedad polarizada, con un fuerte sistema represivo y una de las concentraciones de riqueza más altas de la región.
La indignación por el maltrato a las llamadas “nanas” surgió en la acomodada localidad de Chicureo, al norte de Santiago, cuando a las empleadas domésticas se les prohibió caminar por la ciudad, debiendo trasladarse en camionetas hasta y desde el lugar de trabajo. Además, debían vestir permanentemente su uniforme y se les prohibió el acceso –como usuarias– a baños públicos y al club de golf, entro otros sitios exclusivos.
La discriminación a las empleadas es histórica y se profundizó durante la dictadura, cuando los ricos crearon guetos, en los que continúan imponiendo sus reglas.
Pero la sociedad chilena se está quitando lentamente la venda de los ojos y por eso se indignó ante lo que consideró una actitud intolerable dentro de la cotidiana discriminación hacia las nanas, que en su mayoría son de origen mapuche.
Por eso, también gran parte de la sociedad de clase media apoyó durante el año pasado la consigna de una educación universal, gratuita y de calidad, y lo está empezando a hacer realidad con la salud.
La tendencia a integrar a los históricamente marginados está surgiendo ahora con más fuerza, pero el poder político actual, con sus poderosas compañías aliadas, se opone a cambiar el statu quo.
Los chilenos, que durante veinte años compraron el discurso antidictadura de la Concertación, reconocen ahora que esa fuerza política mantuvo gran parte de las desigualdades de la era Pinochet.
Otro importante conflicto social que el gobierno no logra esconder e intenta desvirtuar es el del levantamiento mapuche.
La estigmatización de este pueblo originario, que reclama sus tierras apropiadas en parte por el ejército chileno en 1860 y entregadas a empresas madereras multinacionales durante la dictadura, llegó al punto de enviar militares a la región de la Araucanía y de utilizar la Ley Antiterrorista para poder reprimir, encarcelar y torturar.
En plena democracia, murieron diez mapuches por la acción desmedida de los Carabineros. Decenas de activistas, en tanto, fueron torturados, secuestrados y amenazados.
El gobierno y las empresas forestales acusan a los mapuches de violentos y de provocar los recientes incendios de los bosques. Pero varios analistas apuntan –con la investigación aún en curso– a que las únicas beneficiarias de los incendios son las compañías forestales, que cobrarán importantes seguros.
Sea como fuere, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, ignoró el pedido del gobierno de designar fiscales especiales para investigar los incendios, por temor a que la pesquisa sea manipulada desde La Moneda. Por el contrario, destacó que los funcionarios existentes en la zona son capaces de dirigir la investigación.
La militarización del Wallmapu, el territorio mapuche, mediante carabineros, militares y guardias privados de las compañías forestales, es parte del control social ejercido por una minoría poderosa que se fortaleció durante la dictadura.
Afortunadamente, estos temas están cobrando notoriedad e indignación dentro de la misma sociedad, que vislumbra que una mayor equidad e inclusión es sinónimo de paz y prosperidad.
