El crecimiento económico récord que presentó Paraguay en 2010 del 14,5% no se traduce en desarrollo social: los índices de indigencia pasaron del 19% al 20% en el mismo año, de acuerdo con datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos paraguaya. El boom macroeconómico se debe en gran parte a la producción de 8,4 millones de toneladas de soja, impulsado por grandes terratenientes y corporaciones multinacionales que apuestan por el agronegocio en este país, dejando graves consecuencias sociales y ambientales.
Desde que en 2004 el Ministerio de Agricultura y Ganadería autorizara la introducción de semillas transgénicas, la producción del monocultivo sojero creció exponencialmente. A pesar de que el producto genéticamente modificado sea cuestionado por organismos ecológicos, indígenas y campesinos, el gobierno legalizó la introducción de transgénicos en el país, que ya se venía realizando de manera ilegal.
Mediante este método intensivo de producción, Paraguay se convirtió en el cuarto exportador mundial de soja transgénica con más de 2 millones de hectáreas cultivadas con esta leguminosa, lo que equivale al 7% del total del territorio nacional. La producción de soja está desplazando, por falta de tierras, a la cría de ganado bovino; sin embargo, las exportaciones de carne vacuna no han disminuido ya que se privilegia la exportación por sobre el consumo interno.
Así se produjo una sustitución forzada en los hábitos alimentarios del ciudadano paraguayo, que en poco tiempo pasó a consumir de 70 kg de carne per cápita por año a 30 kg per cápita, de acuerdo con la abogada Milena Pereira Fukuoka, autora del libro El Estado y la garantía del derecho a la alimentación adecuada en Paraguay, en declaraciones a la Agencia de Información Pública del Paraguay.
El cambio se produjo por otros alimentos de menor valor nutritivo. Pero la consecuencia social de la expansión de la soja, concentrada en pocas manos, no es sólo alimenticia: además, perjudica la generación de empleo ya que el trabajo mecanizado expulsa del mercado laboral a miles de personas.
De acuerdo con declaraciones brindadas a la agencia de noticias United Press International, el estadounidense Richard Doughman, autor del libro La chipá y la soja, la pugna gastro-política en la frontera agroexportadora del este paraguayo, expresa que la rentabilidad de la producción de soja como monocultivo requiere de poca mano de obra agrícola al utilizar maquinarias especializadas, de tal forma que se necesita un solo empleado para cultivar entre 100 y 200 hectáreas.
Además, depende del uso de semillas transgénicas, que resisten a los más potentes herbicidas, como por ejemplo el glifosato, que contaminan el suelo y el agua, perjudicando el consumo humano, el ganado y el riego. En consecuencia, también se ven afectados los pequeños agricultores, que carecen de agua limpia para sostener sus cultivos.
Por otro lado, el avance del lobby sojero paraguayo y las inversiones de compañías internacionales en este agronegocio provocan la desaparición de fuentes naturales de alimentos silvestres, que formaban parte de los sistemas tradicionales indígenas. Y además, propende a la deforestación para poder ampliar el área sembrada.
Monsanto, BASF, Cargill, Shell Agro, Bayer, Dow, Syngenta, Mosaic y Dupont son algunas de las empresas que invierten en semillas transgénicas y en el desarrollo de la producción de soja, con la complicidad de decenas de legisladores paraguayos que impiden el cambio de sistema. Precisamente, esos parlamentarios son los que se oponen a la política social y redistributiva del presidente Fernando Lugo.
Las semillas transgénicas producen mayores cosechas, pero se requiere comprar otra partida para volver a sembrar, lo que origina un enriquecimiento de los monopolios de granos –antes mencionados–, lo que obliga a los pequeños campesinos a solicitar créditos y así provocar un endeudamiento.
El avance de la soja transgénica amenaza la producción de otros alimentos, que son habituales entre la población paraguaya: caña de azúcar, yerba mate, maíz, naranja, menta, arroz orgánico, sésamo, frutas y hortalizas, soja orgánica, maní, poroto, stevia, y animales criados en granjas.
Ante las protestas por el avance de la limitación alimentaria y la sequía que perjudica a los pequeños productores, el gobierno presentará en el Congreso un proyecto de ley sobre seguridad alimentaria, que permitirá la inversión de u$s3 millones para una canasta de alimentos que será entregada a cada una de las 210.000 familias que se encuentran en alerta nutricional.
Además, ya se aprobó un proyecto de producción, recuperación y comercialización de semillas nativas, que permitirá a los pequeños campesinos obtener la protección estatal de los productos amenazados y que además les generará una renta extra por su comercialización.
Estas medidas no cambian el desigual panorama agrícola paraguayo, sino que apuntan a retrasar una catástrofe alimentaria y una propagación de la desnutrición en los sectores sociales medios y bajos, provocadas por la inacción política y el avance del poderoso mercado monopólico alimentario mundial.
