En América Latina, la pena capital está prácticamente desterrada, sin embargo en el Caribe se registra un aumento. En Estados Unidos y China se debate cada vez más sobre su viabilidad. Además, se encendió un nuevo debate acerca de si se debe aplicar a los delitos no violentos, con lo que de hecho se está estableciendo una desigualdad de los ciudadanos ante la ley, beneficiando a los poderosos y condenando a los más pobres.
La tendencia mundial con respecto a la aplicación de la pena de muerte se manifiesta en descenso. Cada vez son más los países que la prohíben y menores la cantidad de ejecuciones en los sitios en la que es legal.
A simple vista, la aplicación de la pena capital puede parecer que se efectúa en países subdesarrollados o bajo regímenes dictatoriales, sin embargo en Japón y Estados Unidos la aplican, al igual que en la democracia más numerosa del mundo: India.
Aunque la única región en la que parece no descender es en las ex colonias británicas del Caribe.
Pena de muerte en américa latina
En la región, la pena capital está abolida de hecho. Solamente en Cuba y Guatemala es legal mientras que Brasil, Chile y Perú la mantienen solamente en casos de guerra o conflicto armado interno.
En Cuba, la última vez que se aplicó fue en 2003, cuando tres hombres secuestraron un barco con decenas de turistas a bordo para escapar a Miami. Una vez apresados fueron condenados a muerte.
En Guatemala, el presidente Otto Pérez es un abierto partidario de la pena de muerte. En 2000 se produjeron las últimas ejecuciones de dos personas que formaban parte de una banda de secuestradores.
En Bolivia y Perú, la justicia de algunas comunidades indígenas se impone sobre la nacional y se cometen asesinatos extrajudiciales, principalmente contra ladrones y violadores.
En Argentina la última ejecución legal se llevó a cabo en 1916, pero recién en 2008 el Senado derogó el Código de Justicia Militar, el único que aún contemplaba la pena capital.
Legado colonia británico
Londres ha sido el exportador de la pena capital a sus colonias en el Caribe, sin embargo ahora intenta persuadir a los países de la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth, de derogarla.
El JCPC de Londres (Comité Judicial del Consejo Privado) es el máximo tribunal de apelaciones de la Commonwealth, a pesar de que las ex colonias son independientes desde hace más de tres décadas.
Generalmente, en el Caribe anglófono se suele aplicar la pena de muerte, excepto que los condenados logren llevar su caso al JCPC, que suele conmutar esa sentencia.
Pero los costos del visado, pasajes y alojamiento no pueden ser costeados por todos los condenados y sus abogados, por lo que se suele recurrir al Proyecto de Pena de Muerte, un grupo de abogados británicos que ofrecen gratuitamente sus servicios para los casos que llegan al JCPC.
La creación de la CCJ (Corte Caribeña de Justicia) es una solución al doble problema de la proliferación de la pena de muerte y de la dependencia de Gran Bretaña, aunque sólo tres países lo utilizan: Barbados, Belice y Guyana. La CCJ está empezando a reemplazar al JCPC.
Pero países como Trinidad y Tobago, en los que los índices de delincuencia aumentan, el primer ministro alienta a que se condene a los presos a muerte.
En el Mundo
En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia, que el año pasado ejecutó a dos personas por un atentado en el metro de Minsk.
A veces este castigo ha servido de escarmiento. Por ejemplo, en Corea del Norte en 2007, el director de una empresa fue ejecutado públicamente en un estadio deportivo, ante 150 mil personas como represalia por haber realizado llamadas telefónicas al exterior.
En Estados Unidos, la mayoría de los estados contemplan la pena de muerte. El estado de Connecticut fue el último en abolirla, en abril, mientras que en California una solicitud firmada por más de medio millón de personas produjo que en noviembre se realice un referéndum popular, que podría derogarla.
¿Un castigo para probes?
El promedio de ejecuciones contempladas por la ley en China ronda las cuatro mil anuales, pero tienden a descender. En 2011, el Congreso Nacional del Pueblo redujo el número de delitos punibles de 67 a 54.
El caso de la empresaria Wu Ying despertó un nuevo debate internacional sobre la pena de muerte, ya que fue acusada de recaudación fraudulenta de fondos y condenada a muerte. Pero un tribunal suspendió la sentencia, aunque aún se espera un nuevo pronunciamiento.
El debate que surgió es si el castigo debe aplicarse también a los que comentan delitos no violentos, más allá de la discusión sobre la funcionalidad de la pena de muerte en general.
Al perdonar a un empresario o funcionario público que cometa millonarias estafas y condenar a personas que robaron personalmente pequeñas o grandes cosas, pero con violencia, se estaría minimizando el impacto de los delitos de guante blanco.
Algo similar sucede en Estados Unidos, ya que una gran mayoría de condenados a muerte son negros y latinos, con lo que se establece una desigualdad de facto entre las personas.
La pena de muerte está perdiendo espacio en el mundo, sin embargo, en los países que se sigue aplicando se tiende a condenar a los más pobres y a sobreseer a los poderosos.
