Los grandes problemas de los países en desarrollo parecen provenir de una fuente inagotable, capaz de orillar a los Estados a implementar políticas de acuerdo a la inmediatez, sin planear y aún más importante sin prever con base en las claras señales que brindan los estudios que sus propias instituciones realizan.
En esta columna hemos planteado en diversas ocasiones que la mejor política pública, aunque la menos atractiva en términos electorales, es la prevención. Sin embargo, en países con profundos problemas estructurales como los latinoamericanos, toda política pública que busque ser efectiva debe tener un componente bidimensional, como lo sostiene el catedrático mexicano Antonio Morales Aviña, de contención y prevención.
Problemas estructurales como la corrupción, que permea tanto hogares como instituciones públicas o al sector privado, representan excelentes escenarios de oportunidad para implementar esta fórmula bidimensional, sobre todo cuando el estado de las cosas revela que existe una severa crisis de credibilidad y legitimidad en las instituciones políticas en México.
Si nos concentramos en las instituciones consideradas como las más corruptas por los ciudadanos, los partidos políticos, podríamos plantear que un posible esquema de contención a este enorme mal en México, sería reforzar los canales de control, transparencia y rendición de cuentas de estos institutos políticos.
Sin embargo, estos mecanismos podrían enriquecerse si se le implementará un proceso que ha sido parte de la “mejora organizacional” de diversas agencias públicas: la descentralización. Si bien los partidos políticos son considerados “canales oficiales” para convertir las demandas ciudadanas en políticas públicas, su sentido de territorialidad obedece a un principio jerárquico, idéntico al criticado modelo burocrático.
Dicha descentralización consistiría en brindarle más facultades discrecionales, y por ende hacer más responsables, a los líderes partidistas locales de sus acciones, tomando en cuenta el desarrollo de métodos de vigilancia y monitoreo de los mismos. Al final de cuentas, la labor principal de los partidos políticos locales, así como de los representantes populares que de ellos emanan, es defender el interés general de los ciudadanos que habitan dentro de su demarcación territorial.
Por otro lado, una adecuada estrategia de prevención podría enfocarse en implementar esquemas de educación cívica, ya que como afirma el catedrático japonés Noritada Matsuda una persona educada en sus deberes y facultades es una persona activa en su participación, es decir, es un ciudadano. La Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP 2012) revela que 5 de cada 10 mexicanos percibe que la política es muy complicada, solo el 40% sabe cuánto dura correctamente el periodo de un diputado, y 51% está poco o nada satisfecho con la democracia del país.
Estas medidas de prevención empoderarían a las nuevas generaciones a utilizar todos los recursos que la democracia ofrece, aprovechando la enorme cualidad participativa de los mexicanos, que como bien identifica el Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, es sumamente activa en términos políticos, pero no utiliza los canales oficiales para ejercer sus demandas.
En este tenor, es necesario des-tecnificar a la democracia, ciudadanizarla, para que las personas se activen como ciudadanos y exijan, de acuerdo a las facultades de la ley, un adecuado desempeño por parte de sus representantes populares.
Acercar la democracia a la ciudadanía, como medida de prevención, se hace imprescindible tomando en cuenta los cambios que está sufriendo el paradigma del poder en el siglo XXI. El renombrado analista internacional Moisés Naím identifica que la carencia de credibilidad y legitimidad que experimentan los partidos políticos es parte de una tendencia internacional, la cual se caracteriza por la disipación del poder entre los actores tradicionales y nuevos actores. Ello explica por qué hoy en día la presión de las manifestaciones populares puede influir de forma contundente en importantes decisiones políticas, algo que simplemente era impensable en décadas pasadas. Las instituciones tradicionales en la actualidad tienen menos poder que sus antecesoras, debiendo hacer demasiados cálculos antes de ejercer alguna acción, con el fin de no afectar intereses que pueden poner en jaque la estabilidad del Estado.
Una posible solución a este escenario sería incluir a los nuevos actores (micro poderes) dentro de la estrategia. Esto es, aprovechar las ventajas de la pluralidad democrática para resolver problemas que amenazan el equilibrio social y político en el país. Sin embargo, ello implica el diseño de nuevos mecanismos de participación que gocen de legitimidad y aceptación entre todos los actores.
Hobbes decía en el Leviatán que la naturaleza humana está basada en una competencia constante por el poder, que puede llevarnos a la anarquía y por ende a la destrucción. Sin embargo, si la búsqueda personal de poder coincide en un objetivo común, se pueden construir escenarios de paz y prosperidad. Quizás el gran reto es redefinir esta idea del objetivo común, queda para la reflexión.
Twitter: @Nacho_Amador
