La estrategia militar antidrogas de EE.UU. en Latinoamérica
Los militares dicen que saldrán al rescate de los jóvenes ante la amenaza de la drogadicción, pero para mandarlos a morir en las guerras
Por Carlos Mendoza
Estados Unidos prepara una gran ofensiva en Colombia y realiza ejercicios militares en Guatemala y El Salvador. El territorio salvadoreño ha sido seleccionado para establecer un centro de control antinarcóticos y será punto de abastecimiento de las tropas enviadas a Colombia. Panamá, Costa Rica, Venezuela y México habían rechazado la propuesta de los oficiales estadounidenses.

Durante la guerra fría el gobierno de los Estados Unidos otorgó apoyo militar, financió y autorizó la venta de armas a los gobiernos de El Salvador y Guatemala. Dichos gobiernos no sólo combatieron los movimientos insurgentes, sino que reprimieron las legitimas demandas de los ciudadanos y violaron los derechos humanos de la población civil ajena al conflicto. El gobierno demócrata de Carter restringió el financiamiento y entrenamiento militar debido a los abusos de los regímenes autoritarios. Cuando los republicanos recuperaron el poder, Reagan no sólo restableció los vínculos militares sino que también los fortaleció ante la amenaza de los Sandinistas en Nicaragua. Algunos estudios indican que un millón de dólares diarios eran transferidos al ejército salvadoreño. EE.UU. no promovía la democracia liberal ni la economía de libre mercado, sino que intentaba proteger su hegemonía en la región.

Terminado el conflicto ideológico, los ejércitos de las Américas buscan nuevos argumentos para justificar su existencia, su presupuesto y privilegios. Detener la producción y tráfico ilegal de drogas es la meta conjunta de las fuerzas armadas. El 31 de marzo los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos suscribieron el tratado que permite la instalación de la base militar que inicialmente contará con dos aviones Orión P-3 para reconocimiento, radares y 60 soldados.

El debate político en El Salvador ha girado en torno a la pérdida de la soberanía nacional y a la necesidad de apoyo material y profesional para combatir el narcotráfico, dadas las limitaciones de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el problema de fondo es la remilitarización de la región.

El elevado nivel de organización de los carteles de la droga ha provocado que EE.UU. exporte su problema y sus ineficaces métodos para combatirlo. Busca aliados, por las buenas o por las malas (como hace con la certificación anual a cada uno de los países para considerar si les apoya en otro tipo de programas), dentro de un esquema de “cooperación” similar al de la guerra fría. Esta estrategia militar contra las drogas fracasará. No sólo no se detendrá el narcotráfico sino que se incrementará la corrupción y el crimen organizado en la región.

Además, se facilitará el fortalecimiento de los militares en los países latinoamericanos que todavía no consolidan su democracia ni viven bajo el imperio de la ley. Por el lado de la oferta, el gobierno de EEUU debería favorecer más el bienestar económico y social de Latinoamérica, esa es la mejor estrategia para que los cultivos de coca y marihuana disminuyan. Por el lado de la demanda, se deben examinar los valores y antivalores que la sociedad estadounidense transmite a sus jóvenes.

Los militares dicen que saldrán al rescate de los jóvenes ante la amenaza de la drogadicción, pero para mandarlos a morir en las guerras.




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