La empresa canadiense Edgewater demandará a España por rechazar un proyecto de mina de oro en Cabana de Bergantiños, Galicia. Amenazan que “si España no compensa inmediatamente a la empresa por las pérdidas, acudirá al tribunal de arbitraje previsto en el tratado bilateral entre España y Panamá”. ¿Por qué Panamá si la empresa es canadiense? Porque una trampa habitual de las transnacionales para burlarse de la justicia es establecer sedes en países permisivos y condescendientes. Panamá, Aruba, Holanda, Gibraltar, islas Caimán, Luxemburgo… La empresa que debía extraer oro es filial de Edgewater en Panamá.
El tribunal de arbitraje es el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado (ISDS por siglas en inglés), presente en los tratados bilaterales de inversión. Falso medio de arbitraje con tribunales que no son tales sino solo un trío de abogados privados carísimos, juez y parte, con estrechas relaciones e intereses comunes con grandes empresas. El ISDS permite que grandes empresas demanden a estados ante esos imaginarios tribunales si consideran que perjudican sus beneficios… con leyes que protejan el medio ambiente, por ejemplo. El primer tratado con tal licencia pirata lo firmaron en 1959 Alemania y Pakistán y han crecido como setas en el bosque tras la lluvia. En 1997 hubo 19 demandas contra estados, en 2011, 450 pero hoy ya son más de 600.
Además de no ser verdaderos tribunales, lo antidemocrático y antijurídico de los pretendidos de arbitraje es que las empresas pueden demandar a los estados, pero los estados no pueden demandar a las empresas. Y no cabe recurso contra las decisiones de esos falsos tribunales.
Al conocerse el proyecto de mina abierta en Cabana de Bergantiños, el rechazo social fue masivo. Vecinos, organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente denunciaron el impacto brutal de la mina, pues para obtener oro necesitarían utilizar tonelada y media de cianuro y cuatro millones de litros diarios de agua. Esa actividad generaría líquidos y residuos tóxicos que se almacenarían en una balsa química.
Como la que se rompió en Aznalcollar, Andalucía, y contaminó la zona… Cuya tierra sigue contaminada, aunque dicen que ya no hay “cantidades importantes” de arsénico, cobalto, mercurio, plomo, uranio… Pero el desastre de hace 16 años ha costado 90 millones de euros de dinero público. En la mina de Galicia, la ponzoñosa balsa amenazaría con sus vertidos el río Anllóns y la ría Corme Laxe.
Recordemos que las demandas ante esos pretendidos tribunales manejan millones. La petrolera Occidental Petroleum Corporation demandó a Ecuador cuando canceló su concesión para extraer petróleo y Ecuador pagó 1.770 millones de dólares. La empresa sueca Vattenfall exigió a Alemania 1.400 millones de euros por anular en Hamburgo un proyecto de generación eléctrica por carbón que contaminaba el agua.
Y Lone Pine Resources pidió a Canadá 250 millones de dólares por una moratoria en la extracción de petróleo por fracking en Quebec. Chevron eludió pagar 18.000 millones de dólares a Ecuador para limpiar suelos y agua contaminados por su actuación según sentenció un tribunal nacional. Infinito Gold demandó por más de 1000 millones de dólares al gobierno de Costa Rica por rechazar un proyecto de mina de oro en la selva tropical. Y Philip Morris demandó a Australia por etiquetar las cajetillas de tabaco avisando del peligro de fumar, exigiendo que se anulara esa actuación más una compensación de miles de millones de dólares.
Varios gobiernos europeos han pagado en total 3.500 millones de euros a empresas extranjeras por decisiones de tribunales de arbitraje. El denunciado TTIP, que se negocia en secreto entre Estados Unidos y la Unión Europea, incluye recurrir a esos falsos tribunales. El mecanismo de resolución de controversias es una patente de corso para que el capital privado consiga indemnizaciones multimillonarias.
En el caso español, la multinacional Edgewater pretende que ha invertido veinte millones de euros y exigiría una indemnización superior a 200 millones de euros.
Los tribunales de arbitraje son trampas para que grandes corporaciones empresariales extorsionen a estados soberanos en oscuros procesos celebrados a puerta cerrada. ONU y FMI han denunciado que la cláusula de resolución de conflictos entre inversores y Estado es un ataque a la soberanía de los países porque reduce e incluso anula la actuación de gobiernos democráticos para hacer y aplicar leyes en beneficio del país y de su ciudadanía.
Es imprescindible luchar contra los tratados bilaterales que permiten esos falsos tribunales.
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