Hoy será su período de sesiones número 56 en Quito.
Hoy lunes comenzará el 56 período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la capital de Ecuador, Quito, y lo hará realizando un análisis de tres eventos acontecidos en los países de Brasil, Nicaragua y Perú.
Sobre Nicaragua la Corte afirma que realizará la discusión sobre la muerte de Francisco García Valle, esposo de la activista de derechos humanos María Luz Acosta, muerto con un arma de fuego dentro de su casa de habitación en el año 2002.
En la web de la institución internacional resumen el caso de la siguiente manera:
“El caso se relaciona, por un lado, con la alegada falta de investigación diligente y en un plazo razonable del asesinato del señor Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta, ocurrido el 8 de abril de 2002 en Nicaragua”, comienza el párrafo.
Sigue diciendo “Se alega que el Estado no habría investigado diligentemente a un autor material del asesinato ni el móvil del mismo, a pesar de la hipótesis de que el asesinato pudo deberse a la actividad que realizaba la señora Acosta en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, a pesar de que existían indicios sobre la autoría intelectual de dos personas, cuyos intereses se habrían visto directamente afectados por dicha labor, esa línea de investigación no fue asumida de manera seria y exhaustiva por las autoridades internas, las que luego se negaron a reabrir esas investigaciones, en un alegado supuesto de encubrimiento deliberado”.
Concluye “Por otro lado, se alegan violaciones al debido proceso y criminalización sufridas por la señora Acosta en el marco de las investigaciones penales posteriormente en contra de la señora Acosta. Se alega que ello habría constituido un mecanismo de amedrentamiento e intimidación contra la señora Acosta en represalia a tal denuncia”.
Lo que se discutirá de Perú
“El caso se relaciona con la presunta violación del derecho a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de 84 trabajadores de Petroperú, 39 trabajadores del Ministerio de Educación, 15 trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas y 25 trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, como consecuencia de la presunta falta de respuesta judicial adecuada y efectiva frente a sus ceses colectivos en el marco de los procesos de racionalización llevados a cabo por las entidades públicas a las cuales pertenecían en la década de los noventa”.
Sobre Brasil
“El caso se relaciona con las presuntas ejecuciones extrajudiciales de 26 personas – incluyendo seis menores de edad – en el marco de las redadas policiales efectuadas por la Policía Civil de Río de Janeiro en octubre de 1994 y mayo de 1995 en la Favela Nova Brasilia. Según se alega, estas muertes fueron justificadas por las autoridades judiciales mediante el levantamiento de “actas de resistencia al arresto”. Además, en el marco de la redada de 18 de octubre de 1994, tres presuntas víctimas, dos de ellas menores de edad, fueron supuestamente torturadas y sufrieron actos de violencia sexual por parte de agentes policiales”.