LA JORNADA

A pesar del caos político, aún hay una luz de esperanza en Carolina del Norte

Los dirigentes republicanos de Carolina del Norte han desatado una tormenta política. Primero, el gobernador republicano Pat McCrory se negó a aceptar su derrota durante casi un mes. Luego, con el pretexto de destinar fondos especiales a la recuperación tras el huracán Matthew, convocaron varias sesiones especiales consecutivas con la finalidad de limitar el poder del gobernador electo demócrata Roy Cooper antes de que asuma su mandato. La Asamblea Legislativa de Carolina del Norte ha sido el centro de protestas multitudinarias y actos de desobediencia civil en contra de las sesiones nocturnas llevadas a cabo por los legisladores. Mientras el Presidente Barack Obama está honrando la tradición de realizar un traspaso de mando pacífico, un pilar fundamental de la democracia estadounidense, los republicanos de Carolina del Norte han adoptado una actitud diferente.

Algunos de los cambios impuestos por la mayoría republicana en el Congreso estatal consisten en reducir de 1.500 a 425 el número de nombramientos que podrá realizar el gobernador Cooper, lo que lo obliga a conservar a alrededor de 1.000 funcionarios leales al candidato que derrotó. Han quitado al gobernador entrante la capacidad de nombrar a los miembros de las juntas directivas de las universidades estatales y han negado a futuros gobernadores la facultad de nombrar una mayoría en la Junta Electoral estatal.

El Congreso de Carolina del Norte, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, ha tenido mayoría republicana desde que el movimiento conservador Tea Party arrasara en las elecciones de mitad de mandato de 2010, tras una dura campaña contra Obama. Cuando el gobernador McCrory asumió el gobierno de Carolina del Norte en 2013, tras una controvertida redistribución de votos a nivel estatal, gozaba de una mayoría legislativa republicana aún mayor. Más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos, mediante una decisión dividida de 5 votos a favor y 4 en contra en el caso del Condado de Shelby contra Holder, eliminó las disposiciones fundamentales de la Ley de Derecho al Voto de 1965. Esto abrió la posibilidad a los estados de adoptar medidas orientadas a privar del derecho al voto a las personas de color, sobre todo en el sur del país, y Carolina del Norte no fue la excepción.

El Reverendo William Barber es el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte. En el pasado mes de abril, Barber declaró en Democracy Now!: “Desde el fallo en el caso Shelby, hemos sido testigos del peor ataque coordinado en el país. En el preciso momento en que un 70% de los afroestadounidenses acude a votar en las elecciones y hemos creado alianzas con votantes blancos y latinos progresistas, hemos sido testigos de una votación extremista del gobernador y el Congreso [de Carolina del Norte] para implementar un sistema segregacionista de distritos de votación. Hemos visto cómo acortaron una semana el período de votación anticipada, porque el 70% de las personas que votan en la primera semana son afroestadounidenses. Los hemos visto eliminar la inscripción en el padrón en el día de las elecciones porque el 43% de las personas que se inscriben ese día son afroestadounidenses. Y los hemos visto aprobar una forma estricta de documento de identidad con fotografía que afecta negativamente a 300.000 votantes. Se trata de un ataque racial y de clase contra nuestra democracia”.

Finalmente, un Tribunal Federal de Apelaciones declaró inconstitucional la ley electoral general de Carolina del Norte. El dictamen declaraba: “Las nuevas disposiciones afectan a los afroestadounidenses con una precisión casi quirúrgica”. La apelación de Carolina del Norte fue rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación que terminó empatada 4 a 4, dado que tuvo lugar tras el fallecimiento del magistrado conservador Antonin Scalia.

Otra derrota para los segregacionistas modernos de Carolina del Norte fue la impugnación por parte de un tribunal federal de la manipulación por parte del estado de los distritos electorales legislativos. Los magistrados permitieron que la inminente elección de 2016 avanzara, pero ordenaron a la Asamblea General de Carolina del Norte que delimitara los distritos de manera que fueran más representativos y que celebrara nuevas elecciones en el segundo trimestre de 2017.

La Asamblea General de Carolina del Norte también debatió en una sesión extraordinaria si debería derogar la controvertida ley estatal conocida como HB2 o “ley sobre el uso de los baños públicos”. La ley HB2 fue aprobada para anular una normativa antidiscriminatoria aprobado en la ciudad de Charlotte que, entre otras cosas, permitía a las personas utilizar el baño o vestuario que se correspondiera con su identidad de género. Los legisladores republicanos de Carolina del Norte aprobaron la discriminatoria ley HB2 en marzo de este año.

La ley suscitó protestas, boicots de grupos comunitarios y decisiones de empresas de retirar sus actividades y empleos de Carolina del Norte. La NBA decidió no realizar el Partido de las Estrellas en Charlotte, Carolina del Norte, lo que costará al estado alrededor de 100 millones de dólares por pérdida de ganancias. La Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) y la Conferencia de la Costa Atlántica también trasladaron partidos de su campeonato fuera del estado y muchas conferencias y convenciones empresariales fueron canceladas. Paypal canceló los planes de crear 400 empleos en el estado y Deutsche Bank trasladó una oficina de 250 empleados a Florida. Bruce Springsteen y otros músicos cancelaron sus conciertos en el estado. El daño económico total para Carolina del Norte se estima en más de 500 millones de dólares.

En la desesperación por volver a atraer inversiones al estado, los republicanos accedieron a derogar la ley HB2, con la condición de que Charlotte revocara antes la normativa de no discriminación en cuestión. El miércoles, el Concejo Municipal de Charlotte derogó la ordenanza. Sin embargo, la legislatura estatal controlada por los republicanos levantó la sesión especial convocada exclusivamente para derogar la ley HB2, dejando intacta la ley discriminatoria.

A pesar del caos político, el Reverendo Barber tiene esperanza y visualiza lo que denomina una “Tercera Reconstrucción”: “Tienen miedo. Están temerosos. Saben, por ejemplo, que el 58% de los habitantes de Carolina del Norte quiere que se amplíe Medicaid. Alrededor del 80% de los habitantes de Carolina del Norte está a favor de un salario mínimo, y este parlamento ni siquiera someterá la propuesta a votación para que los habitantes puedan decidir al respecto. Saben que los derrotamos en la eliminación de votantes, los derrotamos en la redistribución de los distritos electorales. Y ven que esta marea está subiendo. Ven que las personas blancas, negras y latinas están unidas en el Sur Profundo. Saben que la suma de un movimiento político con el tipo de movimiento moral que estamos forjando no solo revitalizará a Carolina del Norte, sino que podría revitalizar al resto del Sur”.

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