El Parlamento Europea publicó una resolución donde critica al gobierno de Daniel Ortega Saavedra e hizo una resolución ante la nula protección a los defensores humanos en Nicaragua, exaltando el caso de la líder campesina Francisca Ramírez, además de la situación que se vive en Guatemala, donde han muerto varios activistas, además de periodistas.
La aprobación del Parlamento Europeo enlista diversas situaciones que pueden ser entendidas con relación a lo político, a continuación dicha los 11 puntos esenciales de la resolución:
1. Manifiesta su preocupación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y deplora los ataques y actos de acoso de los que han sido objeto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sus miembros y periodistas independientes por parte de personas individuales, fuerzas políticas y órganos vinculados al Estado;
2. Insta al Gobierno a que se abstenga de acosar y de recurrir a actos de represalia contra Fancisca Ramírez y otros defensores de los derechos humanos por realizar legítimamente su trabajo; pide a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la impunidad de los autores de delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos; apoya el derecho de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos a protestar sin sufrir represalias; pide a Nicaragua que realice efectivamente una evaluación independiente del impacto medioambiental antes de dar nuevos pasos y que haga público todo el proceso;
3. Pide al Gobierno de Nicaragua que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada en 2008, y el Convenio n.º 169 de la OIT;
4. Pide al Gobierno de Nicaragua que proteja las tierras de los pueblos indígenas del impacto del desarrollo de megaproyectos que afecten a la capacidad de sustento vital de sus territorios, situando a las comunidades indígenas en escenarios de conflicto y exponiéndolas a actos de violencia;
5. Se manifiesta profundamente preocupado por la destitución de diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de Nicaragua y por la decisión que modificó la estructura de liderazgo del partido de la oposición;
6. Insta a Nicaragua a que respete plenamente los valores democráticos, incluida la separación de poderes, y a que restaure la posición de todos los partidos políticos de la oposición permitiendo que se expresen críticas dentro del sistema político y en la sociedad en general; recuerda que la plena participación de la oposición, la despolarización del poder judicial, el fin de la impunidad y una sociedad civil independiente son factores esenciales para el éxito de cualquier democracia;
7. Recuerda las medidas ilegales adoptadas en violación del sistema judicial que han dado lugar a cambios constitucionales para eliminar los límites de los mandatos presidenciales, permitiendo a Daniel Ortega permanecer durante años en el poder;
8. Señala que las elecciones de 2011 y de 2016 fueron objeto de fuertes críticas por parte de las instituciones de la Unión y de la OEA debido a las irregularidades detectadas; toma
nota de que existe actualmente un proceso de diálogo en curso con la OEA y que, para el 28 de febrero de 2017, debería estar firmado el memorando de entendimiento, lo que podría contribuir a mejorar la situación;
9. Reafirma que la libertad de prensa y de los medios de comunicación son elementos vitales para la democracia y para una sociedad abierta; pide a las autoridades nicaragüenses que restauren la pluralidad de los medios de comunicación;
10. Señala que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de América Central, se debe recordar a Nicaragua la necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, valores que la Unión defiende y promueve; insta a la Unión a que vigile de cerca la situación y, si fuera necesario, sopese las medidas que se podrían tomar;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, al Parlamento Centroamericano, así como al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.