Fuerzas de derecha, de izquierda, nacionales, internacionales, chavistas y no chavistas se disputan el rumbo del país
Por Lívia Alcântara
El “bachaqueo”, o compra de productos a precios regulados por el Estado para venderlos a precios de mercado, forma parte de la vida cotidiana actual de los venezolanos. El fenómeno representa la dificultad que la población viene enfrentando para comprar productos básicos y traduce uno de los límites del gobierno del presidente Nicolás Maduro en este momento: continuar aumentando la calidad de vida de la población. Pero también esconde las causas y rostros responsables de esta situación.
Vick Guedes, habitante del poblado pesquero de Choroní, estado de Aguaya, reclama: “Está duro conseguir las cosas de la cesta básica: harina, para hacer las arepas; el arroz, la pasta. ¡Muy caro! No puedes comprar pollo. No existe. ¿Carne? No, impensable. Comemos cosas como berenjena, brócoli, cosas así, somos vegetarianos. Todos hemos bajado de peso. Todos estamos aquí sufriendo, esperando que esto se acabe”.
En un intento de hacer frente a esta realidad, en abril del 2016 el Estado bolivariano creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con el propósito de asegurar que la canasta básica a precios regulados llegue directamente a las manos de los más necesitados. La medida ha ayudado a apaciguar la situación, pero aún es insuficiente y no está libre de corrupción. En otras palabras, el Estado es incapaz de tener control total sobre la distribución de los productos básicos subsidiados. En este escenario, un paquete de harina de maíz, producto básico de la alimentación, está regulado a alrededor de 500 bolívares, pero puede costar hasta 5,000 bolívares [equivalentes a alrededor de US$1 según el tipo de cambio paralelo], en el mercado.
Detrás de esta crisis en el abastecimiento alimentario, se esconde una crisis económica y política. Económicamente, el problema tiene sus raíces en la caída del precio del petróleo, pero también en el modelo económico implementado por el expresidente Hugo Chávez (1999-2013), que nunca dejó de actuar en conjunto con las empresas privadas. Políticamente, el momento es de disputa entre diversas fuerzas, inclusive en el seno del chavismo.
Contradicciones económicas y políticas
Las fuerzas de derecha neoliberales han conseguido imponerse en el escenario latinoamericano asumiendo el poder en países que estaban en manos de gobiernos de izquierda, como Argentina, Brasil y Paraguay. Este hecho no puede ser entendido sin considerar que estas gestiones estuvieron sustentadas económicamente en la explotación de recursos naturales y materias primas que, al desvalorizarse, disminuyeron la capacidad de acción de estos Estados.
En el caso de Venezuela, el petróleo representa el 95% de las divisas del país, al tiempo que el país importa casi todo lo que consume. A su vez, parte de las importaciones a lo largo del periodo chavista han sido realizadas por medio de empresas privadas que reciben dólares a precio preferencial del Estado para importar productos y servicios y distribuirlos en Venezuela. Algunos de estos productos, con precios controlados por el Estado, como la harina de maíz producida por la empresa Polar, son vendidos hoy para las comunidades por medio de los CLAP.
En marzo de este año, por ejemplo, el presidente Maduro entregó $19 millones al empresariado nacional durante el evento Expo Venezuela Potencia 2017. Tan sólo Nestlé Venezuela recibió $9 millones en dicha ocasión.
El problema es que esta relación entre lo que el Estado incentiva y lo que ocurre, no es directa. Estos mismos sectores que se sostienen a través del Estado tienen responsabilidad directa en la crisis de abastecimiento, al dar, por ejemplo, preferencia a la producción de productos con precios no controlados, como jugo en vez de agua o pasteles en vez de pan.
Se evidencia así un límite del modelo económico chavista, explica a Noticias Aliadas el sociólogo venezolano y militante de los derechos humanos Antonio González Plessman.
“En la práctica, la economía social, pese a numerosas políticas —cuya eficacia debe ser evaluada— y cuantiosos recursos, no ha logrado pasar del 2% del PIB. En tiempos de bonanza petrolera, creció el poder económico del Estado y de la empresa privada, y prácticamente nada el poder de los trabajadores libres asociados”, señala.
Hasta cierto punto, hubo una combinación de este modelo económico contradictorio y frágil con iniciativas de desarrollo de poder popular y de ampliación de los beneficios sociales. Sin embargo, en este momento existe justamente una disputa interna dentro del chavismo acerca de los rumbos de esta revolución, como explica a Noticias Aliadas Johsy Coronado, del Frente Cultural de Izquierda, organización juvenil de Caracas.
“Hay militares que controlan armas, hay poderes económicos que controlan la economía, producción, hay sectores del poder popular que son capaces de movilizar gente. O sea, hay distintas expresiones de poder real que están disputando ahí. Y en esta disputa de poder, estamos nosotros que representamos la comuna, que representamos el Estado popular y que no hemos logrado imponer nuestras tendencias. Y se han impuesto otras tendencias más socialdemócratas que nosotros, que creen que la burguesía va a desarrollar las fuerzas productivas en este país”, afirma Coronado.
Martha Lía Grajales, del colectivo Surgentes, que actúa también en Caracas, piensa que este momento de debilidad de la revolución socialista se evidencia en una menor atención al desarrollo de la participación popular a través de los consejos comunales y de las comunas, instancias de organización popular creadas en el proceso de desarrollo del Estado comunal.
“Yo lo identifico en varias cosas. Uno, en la decisión que se tomó de suspender la elección de voceríos en los consejos comunales. Todo el impulso por la formación de comunas creo que ha tenido, digamos, desde la dirigencia política, un freno, ha salido del discurso. Y luego creo que los CLAP, al sobreponerse sobre la estructura del consejo comunal, han debilitado la figura del consejo comunal como una instancia de organización popular dentro del territorio”, dijo a Noticias Aliadas.
¿Fin del chavismo?
En el actual escenario, la derecha apuesta por la caída de Maduro a partir de movilizaciones en las calles con focos de violencia, buscando con ello exacerbar el actual momento de descontento de la población con la crisis de abastecimiento, así como hacer publicidad, a escala mundial, sobre la existencia de una guerra civil en el país.
El periodista Marco Teruggi denuncia en su blog Hastaelnocau* que el objetivo de los disturbios en las marchas de la oposición es generar hechos mediáticos.
“Basta ver los videos que circulan: están hechos de primeros planos, rostros, acciones individuales o de pequeños grupos. Logran convencer a muchos [que] aquí hay una represión feroz, y son una multitud en las calles. No hace falta ser miles para instalar una idea. Basta tener varios focos de violencia, transmitirlos en simultáneo”, señala.
Ya llegan casi a 40 el número de muertos en las movilizaciones entre abril y mayo de este año. Estas fatalidades, sumadas a las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) así como del Mercosur y EEUU, señalan conquistas de la derecha en montar este escenario.
En el otro extremo, sectores de base de la Revolución Bolivariana apuestan por la profundización del poder popular como salida para la crisis. Grajales, por ejemplo, participa en una experiencia de consumo popular en el barrio caraqueño de San Agustín del Sur. En asociación con Pan Pueblo a Pueblo, proyecto que busca eliminar los intermediarios entre productores y consumidores, los habitantes de San Agustín, a través de los consejos comunales, se han organizado para recibir y distribuir estos alimentos a precio justo.
“Esto, en este momento, nos está permitiendo resistir y construir alternativas frente a la crisis económica, que, además, no pasa por el Estado, pasa por un esfuerzo autogestionario y un esfuerzo de generar procesos de construcción de un socialismo territorial”, señala Grajales. —Noticias Aliadas.