“Jueces no pueden andar a pie administrando justicia y deben de ser protegidos y dignificados”, afirma Administrador de CSJ

Desmiente publicación de La Prensa sobre compra de vehículos nuevos y niega que no se haya revisado salario de personal judicial hace 8 años, afirma Berman Martínez, Secretario General Administrativo de Corte.

Poder Judicial, publicación electrónica de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, a cargo de la Dirección General de Comunicación, que difunde las actividades judiciales, se refirió a una publicación del opositor Diario LA PRENSA del pasado 16 de mayo del 2017, en el cual se refiere en su titular principal que la Corte renueva cara flota vehicular. El Secretario General Administrativo de la CSJ, Licenciado Berman Martínez Martínez, brindó a Poder judicial las siguientes declaraciones que a continuación transcribimos íntegramente:

“La Corte Suprema de Justicia no está comprando vehículos para magistrados y es totalmente falso que desde hace 8 años no se revisa el salario al personal”, afirmó de manera categórica el secretario general administrativo de este poder del Estado, licenciado Berman Martínez Martínez, al desmentir otra publicación del diario La Prensa, como parte de su campaña de ataques permanentes al Poder Judicial.

“Dentro del Plan de Modernización del Poder Judicial se adoptó la política de renovar la flota vehicular que data del año 2005 para atrás, porque los costos de reparación y mantenimiento eran sumamente exagerados para una institución con un presupuesto limitado, destinado en su gran mayoría al rubro de salarios del personal”, dijo el licenciado Martínez Martínez.

“Es por eso que se adquirieron vehículos y esas camionetas a las que se hace mención, fueron adjudicadas en el mes de abril del año 2016, luego de un proceso de licitación abierto a través del portal “Nicaragua Compra” desde el año 2015; en este año no estamos comprando camionetas para magistrados de la Corte Suprema”, reiteró el secretario general administrativo.

Con respecto a la afirmación del diario de que desde hace ocho años no se aumentan los salarios, el funcionario de la CSJ recordó que hubo una reclasificación de puestos y salarios en el año 2013, donde quedaron establecidos nuevos salarios del personal administrativo y del personal jurisdiccional. “Desde entonces se han venido realizando ciertos ajustes por sectores, siempre favoreciendo al sector jurisdiccional”, sostuvo.

“Por tanto, es falso que desde hace 8 años no se aumenta el salario al personal. Aunque también es cierto que se trata de una materia pendiente para el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), pero no es un tema que afecte la buena andanza de la administración y propósitos de este Poder del Estado”, explicó el licenciado Berman Martínez Martínez.

En relación al tema de la renovación de la flota vehicular, explicó que en el presupuesto de este año está destinada una partida de inversión para complementar compra de vehículos automotores, dirigido al personal jurisdiccional, que incluye jueces de Distrito y magistrados de Apelaciones.

“Estamos hablando de 2,600 funcionarios judiciales y con ese universo de personal jurisdiccional nos damos cuenta que lo que hemos comprado es poco para la atención de nuestros jueces, quienes no pueden andar a pie administrando justicia; queremos proteger y dignificar a nuestros funcionarios judiciales”, acotó el licenciado Martínez Martínez.

“Hemos venido renovando la flota vehicular desde el año 2014 y desde entonces hemos hechos esas inversiones año con año. De acuerdo a esa política de renovación vehicular, hemos comprado 54 vehículos livianos y 68 camionetas, incluyendo las de los magistrados de la CSJ. Así como se han comprado, han sido distribuidas a funcionarios en las 9 circunscripciones del país, incluyendo parte del personal administrativo, porque hoy en día el personal administrativo está en función del área judicial”, manifestó.

“La política de renovación vehicular no contradice en ningún momento la política de austeridad de este poder del Estado. Cuando hablamos de política de austeridad nos referimos a una política de control del gasto, supervisión y distribución del destino de los recursos hacia las áreas que realmente requieren esos recursos financieros”, afirmó.

“La política de austeridad está destinada a atender las necesidades esenciales y razón de ser del Poder Judicial, que es el apoyo al área jurisdiccional en su totalidad”, dijo el licenciado Martínez Martínez.

Todas las inversiones se hallan incluidas en el Presupuesto General de la República y de ese presupuesto tenemos 500 millones de córdobas para inversión de construcción de los Complejos Judiciales de Jinotepe, San Carlos, Boaco, Ocotal, Tipitapa, Acoyapa y Nueva Guinea, en este año, expresó el secretario general administrativo.

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