Si no hay respuesta a propuesta salarial el próximo 16 de octubre todas las embajadas de España en todo el mundo se irían a la huelga
Decidieron suspender la huelga los empleados y empleadas contratados por la Administración Pública española en Nicaragua que implica al personal laboral, local y personal laboral español desplazado en el exterior), según comunicado enviado al Diario LA JORNADA en el sitio de internet www.lajornadanet.com.
La huelga es por aumento salarial retroactivo y fue iniciada en Nicaragua desde el 5 de septiembre 2017 y fue en protesta por el deterioro progresivo de nuestras condiciones económicas. La huelga finalizó el pasado 28 de septiembre de 2017.
Expresan los huelguistas españoles contratados por la administración pública de España en el país que la razón del levantamiento de la huelga se basa en dar nuevamente un margen de confianza a la Administracion General del Estado para las próximas dos semanas a fin de que puedan comunicar al personal laboral en el exterior una propuesta de actualización salarial derivada del compromiso contraído en la Convocatoria de la Comisión Técnica del PLEX de fecha 20/06/2017.
Expresan no obstante si durante ese tiempo no hay ninguna respuesta, nos sumaremos a la huelga general a nivel global que los sindicatos están convocando para el próximo 16 de octubre de 2017 junto con otras medidas reivindicativas que se tomen. Y conjuntamente con los compañeros de otras Embajadas, Consulados, diferentes Ministerios en el exterior, Institutos Cervantes y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, continuaremos en la lucha por el reconocimiento de nuestros derechos y la búsqueda de respuesta a nuestras demandas, señalan.
Están solicitando para el personal local, un inmediato incremento salarial del 25% con efecto retroactivo al 1 de enero de 2017 que permita alcanzar un nivel salarial digno de forma inmediata. • Para el personal local, un 10% de incremento en 2018 y un 10% de incremento en 2019, ambos de carácter acumulativo, para recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante los últimos nueve años, entre los puntos que exigen.