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Los emisores de tarjetas a pesar de que cobran el 60 y el 90 por ciento de interés, paradójicamente los protege el Código Penal reformado, ya que no caen en el delito de usura. Si no reforman esa norma de nada servirían las leyes reformadas sobre las tarjetas, aseguran los que usan el dinero plástico

Todo indica que los diputados parece que están dispuestos a darle impulso para su aprobación al anteproyecto de Ley de Emisión y Uso Responsable de Tarjetas de Crédito que sustituirá a la ley 515 que actualmente rige a los tarjetas-habientes. Hay condiciones en el mundo que hicieron cambiar las reglas del juego sobre el dinero plástico. Actualmente en Nicaragua, por ejemplo, tiene influencia entre los legisladores la aprobación en Estados Unidos de una ley que protege a los que tienen tarjetas de créditos. La queja generalizada sobre el dinero plástico lo constituyen los altos intereses que cobran esas empresas emisoras y los bancos que las comercializan, que llegan a cobrar, y, así lo hacen saber en publicaciones que mandan a los diarios, entre el 60 y el 90 por ciento de interés anual de interés.

Los emisores de tarjetas de crédito y los mismos bancos se salvan legalmente de no caer en el delito de usura ya que en la reforma que se hizo al Código Penal en lo relativo al Capítulo XII, artículo 263, De la Usura, dice así textualmente: “Quien a cambio de préstamo u otra obligación jurídica, en cualquier forma, para sí o para otros, cobre intereses u otras ventajas pecuniarias o haga otorgar recaudos o garantías superiores a las tasas de interés establecidas en la Ley reguladora de préstamos entre particulares, en la Ley de Promoción y ordenamiento del uso de la tarjeta de crédito y otras leyes de la materia, será penado con prisión de uno a cuatro años y de cien a mil días de multa”.

Ricardo Osejo de la Red nicaragüense de Defensa de los consumidores, RNDC, dijo que seguirán presionando ante los diputados para que aprueben la ley que regula las tarjetas de créditos en nueva versión.

Proporcionó un dato y es que hay actualmente medio millón de nicaragüenses que han hecho arreglos de pagos con los bancos pero la mayoría siguen siendo morosos por los altos intereses del 60 por ciento y hasta el 90 por ciento, sostuvo.

Hay dos posiciones de la red de defensa de los consumidores sobre el anteproyecto de ley de tarjetas-habientes. Una que acepten la declaración de quiebra de los que tienen tarjetas y no pueden pagarla por falta de capacidad de pago y otra que se bajen los intereses y que se fije una tasa del 20 por ciento, anual.

Otro de los problemas que en Estados Unidos hizo actuar al Presidente Obama sobre la regulación de las tarjetas de crédito es que los intereses se disimulaban bajo otras denominaciones y se cobraba y capitalizaba intereses sobre intereses. Según informaciones recabadas las personas que hicieron préstamos para financiamiento no podían salir de esas deudas durante muchos años y se calculó que podrían pasar hasta 50 años pagando las deudas de interés por las tarjetas de crédito. Todo se disimulaba en el contrato de manera subrepticia que dejaban un vacío legal de indefensión para los que tienen tarjetas de crédito, según se supo.

En Nicaragua la norma en el Código penal reformado y en vigencia desde el 9 de julio del 2008, salva a los emisores de tarjetas de crédito y a los bancos del delito de usura sobre el dinero plástico, ya que esta protegida por la misma ley. Lo que no esta en la ley no es delito, dice una norma jurídica.

El parlamentario Sandinista, Douglas Alemán, expresó que el anteproyecto de Ley, que sustituirá a la Ley 515 que regula a los tarjeta-habientes, será dictaminado considerando dos propuestas legislativas presentadas.

Carlos Langrand, diputado de la oposición y de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), dijo que su agrupación parlamentaria apoyará esta iniciativa, ya que hay una responsabilidad compartida, que se ha visto agravada por la crisis económica internacional. Reconoció que los bancos se dedicaron a entregar tarjetas de crédito sin considerar la capacidad de pago de los que la solicitaban pero que después no pudieron honrar sus deudas.

El diputado liberal José Pallais Arana es del criterio de que se debe de revisar en la iniciativa de ley de reforma a la ley de tarjetas todo lo relativo a los contratos ya que hay algunos puntos que son onerosos para los que tienen el dinero plástico, sostuvo.