Rubén Granda. (foto) internet

Autoridades señalan que son seguidos por cargos penales y no políticos

El asiló político que otorgó Nicaragua a familiares del “Canciller de las FARC”, Rodrigo Granda, no es vista con buenos ojos por Colombia, porque según las autoridades los protegidos son investigados por cargos de financiación de grupos terroristas y no por delitos políticos.

"Colombia no comparte dicha decisión por cuanto la Fiscalía General de la Nación ha informado que estas personas están siendo investigadas por los siguientes delitos comunes: financiación del terrorismo; administración de recursos relacionados con el terrorismo; y concierto para delinquir agravado, además del delito de rebelión", dijo la cancillería.

Bogotá aseguró que permitirá el traslado de Rubén Granda, la de su esposa Elba Mercedes Aranda Urriago e hijo por ser “fiel a su tradición de cumplimiento de los tratados internacionales”.

Pero recordó a Nicaragua “es obligación de todos los países luchar contra el terrorismo, en particular, contra su financiación, como lo señalan convenios internacionales”.

También el Gobierno colombiano señaló que la calificación de delito político corresponde al Estado que presta el asilo.

Ante la falta de pruebas un juez ordenó la liberación de Rubén Darío Granda y su esposo quienes fueron apresados hace dos meses.

Con Rubén Granda esta sería la segunda vez que el Gobierno de Nicaragua concede asilo político a personas vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2008 se les otorgó refugio a tres jóvenes, dos colombianas y una mexicana, que estaban en un campamento clandestino de las FARC y que fue atacado por las fuerzas armadas colombianas en territorio de Ecuador.

En ese suceso murió Raúl Reyes, uno de los principales líderes del grupo guerrillero que combate en el país sudamericano.