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actualizado 23 de noviembre 2010

 
Segunda Declaración de los Poderes: solo compete a La Haya y no a la OEA
 
Redacción Central  
Mandatario Daniel Ortega. (foto C. Pérez)

La segunda Declaración de los Poderes del Estado de la República de Nicaragua reunida ayer dio a conocer la siguiente nota oficial en relación al diferendo entre Costa Rica y Nicaragua en los siguientes términos:

II Declaración de los Poderes del Estado de la República de Nicaragua en relación a la controversia con Costa Rica

Los Poderes del Estado de la República de Nicaragua Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y demás organizaciones constitucionales, reunidos con el Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, en la ciudad de Managua, Casa de los Pueblos, el lunes veintidós de noviembre del año dos mil diez, con la finalidad de darle seguimiento a la controversia con Costa Rica, estiman que es necesario que la comunidad nacional e internacional se mantenga informada de nuestra posición como Estado soberano e independiente.

Que de conformidad con nuestra Constitución Política, “...Nicaragua fundamenta sus relaciones internacionales en la amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Reconoce el principio de solución pacifica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional...” Igualmente la Constitución establece: “La República de Nicaragua únicamente reconoce obligaciones internacionales sobre su territorio que hayan sido libremente consentida y de conformidad con la Constitución Política de la República y con las normas del Derecho Internacional. Asimismo, no acepta los tratados suscritos por otros países en los cuales Nicaragua no sea Parte contratante”.

En consecuencia Nicaragua ratifica su decisión de mantenerse al margen de la Organización de los Estados Americanos en el caso del pretendido conflicto limítrofe con Costa Rica. La OEA, debe cerrar definitivamente este debate que no debió iniciar por no tener competencia y dejar que sea la Corte Internacional de Justicia quien asuma su natural jurisdicción y competencia.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya, resolvió sobre este diferendo, y lo ha venido conociendo históricamente, por lo tanto es la única competente dentro del seno de las Naciones Unidas, para conocer de este tipo de controversia.

Estiman los cuatro Poderes del Estado que esto es Cosa Juzgada y que la sentencia del 13 de julio del 2009 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es de ineludible cumplimiento y no puede ser modificada ni por la Corte misma, ya que el primer efecto de la cosa juzgada es que el Tribunal que dicta la sentencia se desprende del caso y no puede modificarla ni alterarla en ninguna de sus partes, de donde deriva el concepto de inmutabilidad de la cosa juzgada.

Nicaragua, en base al principio de la Reciprocidad Internacional, insiste en el derecho que tiene nuestro País para solicitar la navegación libre en las aguas del Colorado, mientras dure el dragado del Río San Juan. Dragado que tiene su asidero en la sentencia del 13 de julio del 2009 de la CIJ, así como en los Laudos Cleveland y Alexander, donde se resuelve que Nicaragua tiene la soberanía y el sumo imperio sobre la cuenca y le otorga amplios derechos para efectuar limpieza y acciones que tuviese a bien para mejorar la afluencia y navegación del río, y eventualmente indemnizar a Costa Rica sobre cualquier daño que se le pudiese ocasionar como consecuencia del dragado. Desde el año 2007 Nicaragua manifestó su interés en la utilización de las aguas del Colorado, brazo o caño del Río San Juan, el cual se nutre en un noventa por ciento (90%) con las aguas de éste. Por otra parte, es ante esta Corte Internacional de Justicia, donde deberá ventilarse la denuncia sobre los daños y perjuicios causados a Nicaragua por Costa Rica, desde el punto de vista ecológico.

Los Poderes del Estado ratifican su decisión de que el Ejército y la Policía Nacional se mantengan como hasta ahora han estado en el territorio nacional y continúen la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ya que la realidad de los hechos acontecidos el día de ayer, la captura de una célula internacional del narcotráfico proveniente del Sur, pone en evidencia que el narcotráfico y el crimen organizado no hacen ningún alto en el camino y no descansan en su afán de utilizar tanto el territorio nacional como las aguas territoriales en su tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En virtud de lo anterior, estimamos que es dentro del marco de la Comisión Binacional que se debe discutir la política de prevención, combate contra el narcotráfico y crimen organizado, así como proceder a los amojonamientos de conformidad con los Laudos Cleveland y Alexander.

Firman:
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Poder Electoral
Fiscalía General de la República
Contraloría General de la República
Testigo de Honor: Cardenal Miguel Obando y Bravo

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