foto web IEEPP
Organismos presentaron el monitoreo realizado desde el 20 de enero. Foto web IEEPP.
De acuerdo a varios organismos civiles que monitorean las actividades electorales en Nicaragua, la violencia ante las venideras elecciones, cada día se pone más candente, advirtieron diversos entes.
Entre el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la Fundación “Nicaragua Nuestra” (FNN) han hecho una solicitud pública para que los partidos afines al oficialismo al igual que los opositores no usen dentro de sus filas denominadas “fuerzas de choque” a la juventud ni adolecentes.
Después de un profundo estudio concluyeron que la violencia electoral ha ido en aumento a medida que se acerca la fecha de cierre para las votaciones.
Al igual que estos organismos el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha pedido a los partidos realizar una “fiesta cívica” en la fecha esperada.
Claudia Pineda, directora ejecutiva del IEEPP alertó para evitar “una escalada de violencia” debe haber entendimiento. Por su parte Claudia Paniagua de la FNN pidió “respeto y tolerancia” a los seguidores de partidos.
Una de las razones primordiales de la violencia es la poca tolerancia entre los dirigentes de los partidos, expandiendo este sentimiento a sus miembros afines, explicaron las expertas, dijeron Pineda y Paniagua. Afirmaron que los oficialistas del partido Frente Sandinista son intolerantes cuando ven pasar caravanas de campaña de otros partidos y de la misma sociedad civil.
Durante la presentación del monitoreo se concluyó que las protestas opositoras y civiles ocurren porque el presidente Daniel Ortega no tiene permitido por la Constitución reelegirse, que los funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) no deberían estar ahí y la poca cedulación ciudadana que se ha hecho.
Una de las solicitudes de los organismos es que el Ejército y la Policía Nacional “que recuerden que son instituciones al servicio del pueblo de Nicaragua, que deben actuar en función de lo que determina la Constitución y las leyes que las regulan, y no colectivos obedientes a directrices discrecionales que limitan los derechos ciudadanos y les exigen actuaciones sesgadas en función del color político”.