foto C. Pérez

Ayer se reunieron el presidente de la Asociación Internacional de Trasplantes, Francis L. Delmonico, y su colega de Latinoamérica Ashley Barquero, con el secretario general del Ministerio de Salud, doctor Enrique Beteta, y con el legislador sandinista Edwin Castro, en el que se abordó la urgente necesidad para que en Nicaragua haya un Ley de Trasplantes de Órganos que no existe. La ley está tipificada, sin embargo, en el Código Penal sobre el comercio internacional de órganos pero que una ley específica vendría a favorecer a los pacientes que buscan un órgano compatible, dijo el diputado Castro.

Por otro lado, Ashley Barquero dijo que se ha detectado una red de traficantes de órganos que se desplaza por América Latina aprovechándose de la falta de legislación apropiada para fomentar ese tipo de negocios. Ellos se mueven por Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica y Nicaragua podría ser el siguiente país en la mira de ese tipo de ilícitos. .

“Hemos identificado que la práctica inescrupulosa de la venta de órganos se desplaza de un lugar a otro según los avances en la legislación, de forma tal que una vez que se crea una ley que lo prohíbe en un país, afecta al siguiente. Como Nicaragua es el único país de Latinoamericana que carece de una legislación de esta naturaleza, y gran parte de su población vive en condición de extrema pobreza, es un candidato ideal”, dijo Barquero.

La falta de una legislación sobre el trasplantes de órganos encontró serias debilidades en el país ya que no hay registro de pacientes que se someten a ese tipo de intervenciones quirúrgicas, no hay análisis sobre la calidad del donante y el receptor, no hay partida presupuestaria para la creación de un laboratorio de inmunología, no se tiene una definición de muerte cerebral , la donación cadavérica y la determinación de la histocompatibilidad y tipificación de los tejidos, según expresaron los especialistas.

Las autoridades de salud han expresado a través del doctor Enrique Beteta que se está trabajando un anteproyecto de ley que permitirá subsanar los vacíos que no están contemplados en la legislación penal.