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actualizado 4 de febrero 2011

 
CSJ: “Cualquier liberación de narcos será vista como sospechosa”
 
Redacción Central  
vicepresidente de la CSJ Marvin Aguilar García,
junto con los 21 jueces. (Foto CSJ)

Advirtió el segundo representante de la CSJ Marvin Aguilar García

El vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar García, luego de estudiar junto con los jueces la nueva Ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal (Ley 745), les advirtió a los mismos que sean “extremadamente cuidadosos cuando tengan bajo su jurisdicción reos relacionados con el narcotráfico” porque pueden ser vistos como “sospechosos”.

La normativa vigente desde este 26 de enero, señaló Aguilar, fortalece las herramientas legales de que disponen los jueces para evitar la liberación de narcotraficantes mediante el uso de tecnicismos legales.

Aguilar, les hizo la advertencia este pasado primero de febrero, cuando se reunió con 21 jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria del país, con quienes analizó el contenido de la ley artículo por artículo, detalla un comunicado de prensa colgado en el portal del Poder Judicial.

Las liberaciones a narcos

“En el 2009 hubo una explosión de libertades de gente vinculada con drogas, y quienes pidieron su libertad luego los acusaron a ustedes (los jueces) de ser complacientes con el narcotráfico y hasta pidieron su destitución”, sostuvo el magistrado.

Aguilar recordó que los diputados en el año 2008 aprobaron el nuevo Código Penal, en el cual se estipulaban reducción generalizada de las penas, lo que fue aprovechado por los defensores de los narcotraficantes.

El vicepresidente de la CSJ advirtió que como política de estado, en ese tipo de casos de narcotráfico cualquier liberación de reo entrará en el círculo de la sospecha. “Vean los casos de Granada y las secretarias de Bluefields”, advirtió el magistrado Aguilar.

La Ley 745 entró en vigencia el 26 de enero, tras ocho años esperando ser aprobada por la Asamblea Nacional, pese a que los jueces de esa materia carecían de una herramienta jurídica que les permitiera regular la ejecución y los beneficios de la sanción penal de los privados de libertad de Nicaragua.

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