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TEGUCIGALPA.- La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su informe sobre el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009, en el cual calificó de "ilegal" la asunción de Roberto Micheletti, señaló la "poca capacidad" de diálogo político y aconsejó reformas constitucionales para evitar esas crisis.
La CVR fue instalada el 4 de mayo de 2010 por el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del día del golpe, a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de crisis.
En el informe "Para que los hechos no se repitan", la CVR establece como principales hallazgos que lo sucedido el 28 de junio de 2009 tiene las características de un golpe de Estado, y que el nombramiento de Roberto Micheletti, en sustitución de Zelaya, fue ilegal.
El regimen de Micheletti negó siempre el golpe de estado.
Los comisionados consideran que el golpe fue un proceso que comenzó varios meses atrás con la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo durante la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
"El presidente Zelaya aprobó una serie de decisiones en materia económica durante el primer y segundo año de gobierno, vinculado a temas estratégicos para el país, como los carburantes; y de carácter económico social, en el último año y medio de su gestión, como el sustancial aumento al salario mínimo de los trabajadores del sector público y privado", señaló.
Ello provocó la confrontación del gobierno con un sector empresarial nacional y transnacional, y el apoyo a Zelaya de una parte de sindicatos y pobladores para realizar la consulta conocida como cuarta urna, agregó.
La CVR reconoce que la convocatoria del mandatario a la consulta popular "marcó el elemento definitivo e irreversible de confrontación, que tuvo su desenlace en la captura por orden judicial" del presidente Zelaya y su posterior "expulsión a San José, Costa Rica, ejecutándose de esta forma el golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo".
"La forma de procesar la crisis política -haciendo uso de un procedimiento al margen de la ley, empleando la fuerza para expulsar al presidente y utilizando a las Fuerzas Armadas para resolver un conflicto político institucional- evidencia la poca capacidad que demostró la clase política para llegar a acuerdos y la incapacidad de las instituciones democráticas de resolver la crisis haciendo uso de los mecanismos y disposiciones de las leyes de Honduras".
En el acta del Congreso Nacional de la sesión del día 28 de junio de 2009, la CVR descubrió tres inconsistencias, una es la lectura de una carta de renuncia, enviada supuestamente por Zelaya, con sello de recibida en el Congreso Nacional el domingo 28, cuando él se encontraba en Costa Rica.
Otra que el acta del Congreso Nacional no registra alguna pregunta de por qué Zelaya se encontraba en Costa Rica y ningún diputado pidió confirmar la autenticidad del origen de la carta de renuncia, mientras para la Fiscalía la firma es falsa.
Además que se vota a favor de aceptar la renuncia y se designa una comisión para que redacte el acuerdo respectivo.
Tras revisar la Constitución y las funciones del Congreso Nacional, la Comisión concluyó que el poder del Estado "no tiene atribuciones para destituir al presidente de la república ni para nombrar al sustituto, por lo que colegimos que el nombramiento" de Micheletti como "presidente interino fue ilegal y que el gobierno que surge entre el día 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010, es un gobierno de facto".
La Comisión informó que "recibió amplia información de parte del Ministerio Público acerca de los supuestos actos de corrupción cometidos" en el gobierno de Zelaya, en especial los "vinculados a la realización de la consulta; sin embargo, no se entregó la información solicitada de supuestos actos de corrupción durante el Gobierno de facto".
Los miembros de la CVR leyeron el informe en presencia del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y funcionarios del gobierno.
La Comisión subrayó que la rápida reacción internacional para condenar el golpe, la suspensión de Honduras en la OEA y las diferentes iniciativas para lograr acuerdo entre las partes, "no lograron el propósito de reinstalar a Zelaya en el poder, por lo que se constata un bajo nivel de efectividad de la OEA y de las acciones internacionales".
La CVR fue integrada por cinco miembros (dos hondureños y tres extranjeros), la rectora y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos y Jorge Omar Casco; el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el ex embajador de Canadá en Estados Unidos y Cuba, Michael Kergin, y la ex ministra de Justicia peruana María Amadilia Zavala.
