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El Paso, México- La ejecución del reo Humberto Leal de origen mexicano en Texas, EE.UU. , el día de hoy, provocó la reacción de condena del gobierno de México que consideró la medida extrema “en los términos más enérgicos”.

Leal recibió para morir una inyección letal luego que el Tribunal Supremo de Estados Unidos por medio de una votación de cinco a cuatro decidió su suerte definitiva. La medida judicial se llevó a cabo en la más antigua de la prisión de Huntsville en Texas.

El gobernador de Texas, Rick Perry, tenía la facultad de suspender por 30 días el fallo del más alto tribunal pero mantuvo silencio. La Casa Blanca quiso incluso evitar la ejecución. La muerte de Leal se dio a las 23.21 horas GMT.

Antes de morir el reo mexicano condenado a muerte dijo “lamento todo lo que he hecho, todo el daño que he ocasionado a mucha gente”, dijo sus últimas palabras expresando además "por años no pensé que merecía ningún tipo de perdón. Me responsabilizo totalmente por esto", quien fue condenado a la pena máxima en el año 1994 por la violación y asesinato de la joven Adria Sauceda, de 16 años.

Pidió disculpas a los familiares de la joven asesinada expresando “siento lo que hice, pido su perdón”. Gritó tres veces “Viva México” y dijo a los guardias estar “listo” a “que el espectáculo continúe”.

La defensa del mexicano, Sandra Babcock , afirmó a un medio internacional que "EE.UU. no cumplió con su compromiso de hacer valer la ley". Leal fue muerto "a pesar de que sus derechos a la asistencia consular fueron violados".

Agregó que de haber contado con esa asistencia durante el juicio en 1995, Leal "habría tenido una oportunidad real de probar que no era culpable de asesinato".

La jurista dijo que la lucha se centra ahora en el resto de los mexicanos en pena de muerte en Estados Unidos. El gobierno de México calificó hoy la ejecución de un "claro desacato al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)" en el "Fallo Avena" de 2004, que ordenó la revisión y consideración judicial del veredicto y la pena impuesta.

Las autoridades de Texas se niegan a suspender las ejecuciones de extranjeros aduciendo que ninguna corte internacional puede suplantar ni las leyes estatales ni las de EE.UU. y que el Gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión a los estados.

Informaciones de Amnistía Internacional señalan que desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas, y hay más de 3.300 condenadas a muerte.