45% de niños en pobreza. (foto archivo)

CEPAL y UNICEF realizaron el estudio

Un estudio de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reflejó que en América Latina y el Caribe casi 81 millones de menores de 18 años se encuentren en situación de pobreza infantil.

El informe elaborado bajo una medición y diagnóstico de la pobreza infantil desde un enfoque de derechos en la región indica que el 45% de los niños se ve afectado por al menos una privación moderada o grave en sus derechos.

CEPAL y UNICEF realizaron el estudio para que las naciones donde se reportaron mayores violaciones a los Derechos Humanos de Niño subsanen su errores.

En Bolivia, el Salvador, Guatemala, Honduras y Perú más de dos tercios de los niños son pobres. Lo contrario sucede en Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de uno de cada cuatro niños sufre pobreza infantil.

Para la elaboración del documento se tomó en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, asistencia a la escuela y acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, dijo en un comunicado que para “eliminar el flagelo de la pobreza infantil, los gobiernos deben integrar las políticas sociales, las políticas de empleo y las políticas macroeconómicas. Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social”,

En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en la infancia y reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en todos los países de la región.

Finalmente, detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil, especialmente asegurar los derechos a la alimentación y a la salud, al agua, al saneamiento, a la educación y a la información.