Perú ha despedido a su más alta funcionaria en materia de cuestiones indígenas después de que ésta revocara una decisión que califica como “ilegal” y que permitía al gigante argentino del gas Pluspetrol acceder a territorios habitados por indígenas aislados.

Raquel Yrigoyen Fajardo ha sido sustituida al frente del INDEPA, la unidad de asuntos indígenas del Gobierno de Perú, por un ex abogado que se especializa en “ética empresarial”.

Los anteriores gestores de INDEPA habían aprobado planes para la expansión del proyecto de Pluspetrol, conocido como Camisea, y los enviaron directamente al Ministerio de Energía de Perú.

La señora Yrigoyen dio detalles en Facebook sobre su “abrupta salida” de INDEPA. Dijo que no había “base empírica” para explicar por qué no se había procedido a la consulta previa, enfatizando que “lo peor es que esta aprobación no tuvo en consideración los principios de Naciones Unidas para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento”.

Poco después del despido de Yrigoyen, algunos documentos que ella había enviado a INDEPA sobre la cancelación del proyecto fueron eliminados de la página web de la organización.

Yrigoyen dijo que su equipo se marchó “con la frente en alto”, y que redoblarían sus esfuerzos para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Arturo Zambrano Gustavo Chávez es el nuevo responsable de INDEPA. Tiene experiencia legal y en ética empresarial. Yrigoyen instó a sus sucesores a adherirse a las normas internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado: “Esto dice mucho sobre la lamentable actitud del Gobierno con respecto a los pueblos indígenas. Parece ser una argucia más para acallar las voces indígenas. Yrigoyen parecía decidida a ser la responsable de INDEPA más pro-indígena en muchos años. Debemos tener esperanza en que su sucesor apoye los derechos indígenas de la misma manera”.

Alrededor de 15 pueblos indígenas se resisten al contacto en la Amazonia peruana, y varios de ellos están dentro de la Reserva Kugapakori-Nahua, base del proyecto Camisea.

Se esperaba que una ley histórica que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos que los afecten, recientemente aprobada por el presidente Ollanta Humala, supondría un giro en la actitud del Gobierno hacia sus pueblos indígenas, especialmente hacia aquellos que viven en aislamiento.