La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Alba Luz Ramos, dice que el presidenta Daniei Ortega Saavedra es jefe supremo de la Policía Nacional y del ejército. Esas dos razones le dan el derecho conforme a lo que establece la Carta Magna de prorrogar en el cargo a la directora de la policía nacional, Aminta Granera Sacasa.

Argumentó que “estamos a dos meses de las elecciones, de manera que sería una cuestión hasta peligrosa en la seguridad de los ciudadanos y de las elecciones de este país cambiar en este momento al jefe máximo de la Policía, máximo cuando ella hizo un excelente trabajo", afirmó.

Señaló la Doctora Ramos Vanegas que "Aminta Granera cuenta con alto porcentaje de aprobación", y señaló de "suicidas" los juicios exteriorizados por algunos analistas políticos y juristas. "Aquí sólo le preguntan a los mismos analistas políticos y juristas de siempre, que van con la mochila cargada de municiones, en contra de todo lo que este gobierno haga, de manera de que me parece una posición hasta suicida como país estar atacando en esa forma a alguien que ha hecho un trabajo contra el narcotráfico".

Afirmó que la medida presidencial no violentó la Carta Magna como dicen los liberales de la oposición y de la sociedad civil. Señaló que "Inconstitucional no es porque el período no está establecido en la Constitución (Política), sino que en la Ley (228 de la Policía Nacional) y la Constitución establece, repito, que el presidente es el Jefe de Estado y el Jefe de la Policía (Nacional) y del Ejército de Nicaragua", interpretó .

Por otro lado, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, se negó a opinar sobre la elección de la primera Comisionada en su cargo por cinco años más. "No vamos a emitir opinión sobre esa situación hasta que hagamos la revisión correcta de lo que se han establecido", señaló. Manifestó que Granera al frente de la policía nacional fue reconocido por "moros" y "cristianos" y dijo que la empresa privada desconoce si el decreto del Poder Ejecutivo viola o no la Ley Orgánica de la institución del orden público.