El Gobierno de Nicaragua aseguró que tiene controlada la fuga de crudo en el litoral del pacífico y sostienen que las consecuencias ambientales todavía no se conocen ya que se evalúan.

Roberto Araquistaín, viceministro del Ambiente y Recursos Naturales, indicó que lo sucedido debe considerarse “un delito ambiental” y que una vez concluidas las averiguaciones, las empresas involucradas en el derrame del químico deberán asumir lo que establece la legislación nacional.

Del derrame de petróleo -ocurrido el pasado miércoles en Playa Azul, localidad de Puerto Sandino, León- la mayor parte del líquido derramado fue extraído del agua con barreras de contención, almohadillas absorbentes y mangueras.

Araquistaín resaltó que aún faltan pruebas de impermeabilidad para comprobar la calidad de las reparaciones y siguen con las labores de saneamiento para salvaguardar el manglar, la playa y el ecosistema marino.

En la limpieza de la zona afectada participan trabajadores de las empresas Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), Puma Energy y Geosa y se sumaron miembros del movimiento Guardabarranco.

Puma Energy, niega cualquier responsabilidad del hecho.