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El gobierno de Colombia considera que existe la posibilidad de que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, favorezca a Nicaragua para que cuente con el derecho de tener una plataforma marítima continental. La resolución será conocida en varios meses después de la presencia y debate oral actual que se da entre los dos países.
“La Corte siempre tiene decisiones salomónicas. Nunca una de las dos partes sale con las manos vacías. Eso lo tenemos claro”, afirmó la jefa de la relaciones exteriores de Colombia, canciller María Ángela Holguín en una rueda de prensa ayer, sobre la demanda que presentó Nicaragua en el 2001 acerca de los límites territoriales y cuyas audiencias orales se realizan esta semana.
“El gobierno tiene claro que pueden pasar cosas y hoy no se puede decir al ciento por ciento que todo va a seguir igual”, dijo.
La Canciller dijo que sobre la resolución de la CIJ dijo que “siempre se ha dicho que vamos a aceptar el fallo”.
Hoy le toca a Bogotá su período de alegatos iniciales ante los jueces en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, CIJ. La primera etapa del proceso finaliza hasta el próximo 4 de mayo. Colombia firma que desde La Haya que ha ejercido "en forma pública, pacífica e ininterrumpida" su soberanía y jurisdicción sobre el archipiélago de San Andrés, incluyendo los cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Alburquerque, Cayos Este Sudeste y todas las áreas marítimas que le corresponden.
"Esta posición está sustentada en la historia y en el derecho, fundamentalmente en la norma de normas Pacta sunt servanda, (los pactos son para cumplirse) principio fundamental del derecho internacional público", afirman las fuentes.
Nicaragua emprendió este litigio ante la CIJ en 2001, pero las audiencias se han retrasado por la petición de los países vecinos Honduras y Costa Rica a la corte internacional de participar en la tramitación del contencioso porque consideraban que su fallo podría afectar a sus intereses.
Sin embargo, en mayo de 2011 los jueces rechazaron las solicitudes de intervención de los dos países. En 2007, y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la jurisdicción de esas islas.
