La junta directiva tendrá que constituir una comisión especial.

Prácticamente la reforma parcial a la Constitución Política se inició ayer con la entrega por el secretario presidencial para Políticas Públicas, Paul Oquits y la secretaria jurídica de la presidencia, Claudia Curtis, ante la secretaria de la Asamblea Nacional, de la iniciativa del presidente Daniel Ortega Saavedra, en la cual propone reformas a las ley de municipios y ley electoral.

La primer secretaria de la Asamblea Nacional, la sandinista Alba Palacio, reconoció que para reformar la ley electoral que es de rango constitucional, la junta directiva tendrá que constituir una comisión especial que deberá seguir un trámite especial. La reforma parcial de la Carta Magna debe de tener como mínimo 56 votos.

La propuesta de Ortega recoge algunas de las iniciativas que en total de 24 hizo la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE-UE de 24 que hizo en febrero de este año después de las elecciones presidenciales del 11 de noviembre, en el cual resultó reelecto por otro período hasta el 2016, el presidente actual, Daniel Ortega Saavedra. Los analistas de la oposición consideran que la reforma electoral no toma en cuenta la observación electoral y el exceso de poder discrecional del Consejo Supremo Electoral, CSE.

La iniciativa presidencial no contempla la publicación de una reglamentación con seis meses de anticipación antes de los comicios. La propuesta se hace sin que todavía hayan sido electo los nuevos miembros del Poder Electoral cuyo período se venció desde el año pasado y se mantienen en el cargo conforme a un decreto del presidente Daniel Ortega Saavedra. Las reformas electorales y municipales serán conocidas la otra semana por el plenario de la Asamblea Nacional. Hay iniciativa de reformas a la ley Electoral de 4 artículos que a su vez modificarán 26 artículos. El artículo 2 propuesto modificará 19 artículos de la Ley electoral vigente.

El proyecto de reforma contempla garantizar a los electores centros de votación fijos cerca de sus domicilios para evitar que el CSE realice cambios considerados arbitrarios por la oposición, señalando que tenían como fin dificultar el sufragio a opositores al gobierno.

Además, establece que las credenciales de los fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación deben ser entregadas de 10 a 30 días antes de los comicios, para evitar que llegue el día de las elecciones sin que tengan sus documentos, como ocurrió en noviembre.

Propone que el padrón electoral sea actualizado 40 días antes de las elecciones para que los votantes reporten a tiempo los cambios de domicilio, pero no precisa si depurarán a unos 700.000 difuntos y emigrantes que permanecen en el listado. La reforma requiere del voto de 56 de los 91 diputados del Legislativo, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) cuenta con 63 escaños.

Ortega también envió a la Asamblea un proyecto de reforma a la Ley de Municipios que aumentaría el número de concejales en los 153 gobiernos municipales. La OEA estimó en un informe presentado en enero pasado que el sistema electoral de Nicaragua muestra "fallas estructurales que vienen arrastrándose desde 1996", mientras que la UE recomendó sustituir a los actuales magistrados del CSE.