La canciller colombiana Maria Ángela Holguín avisó el lunes al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, del impacto que podría tener sobre la población del archipiélago de San Andrés el hecho de que Nicaragua goce de derechos económicos sobre ciertas aguas alrededor de esos cayos.
Señalan afectación al ambiente
La Corte sentenció en noviembre que la soberanía del archipiélago, conformado por tres islas y siete cayos deshabitados en el mar Caribe, es de Colombia, pero otorgó derechos de explotación a Nicaragua en aguas alrededor de al menos dos de los islotes o cayos, que hasta entonces eran de esta nación andina.
Esta decisión de la CIJ puede tener consecuencias ambientales negativas, dijo la canciller María Ángela Holguín, ya que la reserva de anémona de mar del archipiélago fue declarada por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. La seguridad y la paz en la región son un tercer factor a tener en cuenta, explicó. El archipiélago, que alberga una de las mayores reservas coralinas del mundo está ubicado a 720 kilómetros de la costa de Colombia y a 110 kilómetros del territorio continental de Nicaragua.
Holguín y una delegación de San Andrés explicaron al secretario durante una reunión en la sede de Naciones Unidas que el control de Nicaragua sobre 75,000 kilómetros cuadrados de mar podría privar a los sanandresanos de sus derechos a pescar en esas aguas, de las que dependen económicamente.
“Quedamos muy satisfechos con la reunión”, dijo Holguín a los medios de comunicación. “Es difícil para él (Ban Ki-Moon) reaccionar simplemente con la conversación que tuvimos. Estuvo muy atento a las explicaciones y probablemente van a mirar y a trabajar sobre lo que se le entregó para analizar el tema con distintas entidades de las Naciones Unidas”, dijo la canciller.
Holguín viajó a Nueva York para denunciar ante la ONU el estado de “vulnerabilidad” con el que la Corte Internacional de Justicia ha dejado a los casi 80,000 habitantes del archipiélago de San Andrés después de establecer una nueva frontera marítima entre Colombia y Nicaragua. La Corte sentenció en noviembre que la soberanía del archipiélago, conformado por tres islas y siete cayos deshabitados en el mar Caribe, es de Colombia, pero otorgó derechos de explotación a Nicaragua en aguas alrededor de al menos dos de los islotes o cayos, que hasta entonces eran de esta nación andina.