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actualizado 10 de enero 2012
CCJ no está a favor de Nicaragua
Mantienen su decisión de inspeccionar daños ambientales
Por Greta Arévalo Garméndez
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foto cortesía
El presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, CCJ, Francisco Darío Lobo, descalificó los señalamientos que realizó el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo en un artículo de opinión en el que asegura que Corte “es un organismo politizado”.

Lobo en respuesta a la imputación de Castillo dijo que “es una acusación grave (la del diplomático) que carece a la vez de fundamentos y de veracidad”.

“En mi condición de Presidente de la CCJ, rechazo de manera clara, categórica y contundente esas acusaciones. Un diplomático no debe ser amante de la mentira, un diplomático debe andar siempre con la verdad y aquí el señor canciller con todo respeto le digo que se está alejando de la verdad”, subrayó el jurista

No tiene competencia

El canciller Castillo, en su artículo de opinión con título “Otra vez la Corte Centroamericana”, también aseguró que la CCJ no tiene competencia en los conflictos entre Costa Rica y Nicaragua ya que supuestamente San José “no pertenece” al organismo jurídico.

A ese tema, Lobo, aseguró que Costa Rica avaló la jurisdicción y competencia de la CCJ a través de sentencias emitidas por el organismo en dos ocasiones. Ejemplo de ello recordó un fallo que leyó el ex presidente tico Abel Pacheco sobre una demanda que interpuso el ex mandatario de Nicaragua Enrique Bolaños Geyer.

“En derecho internacional no se puede decir hoy sí y mañana no. Cómo es posible que un país diga que ayer la Corte era buena para una sentencia relacionada a Nicaragua, pero no es buena para un juicio de esta naturaleza”, subrayó el presidente de la CCJ.

Va la inspección el 12 de enero

Asimismo, Lobo, manifestó que este 12 de enero lo los seis magistrados que conforman el tribunal regional, estará viajando al lugar del conflicto para “inspeccionar in situ” la situación ambiental y emitir un fallo a inicios de febrero.

El actuar de la CCJ procede ante acusaciones interpuestas por ambientalistas de ambas naciones quienes señalan que la construcción de 120 kilómetros de carretera por parte del gobierno costarricense en la ribera sur del San Juan vierte grandes cantidades de sedimentos al cuerpo de agua y afecta la flora, fauna y humedales de la zona.

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