Las autoridades sirias han reconocido como válido el referéndum sobre la nueva Carta Magna del país celebrado este domingo. El ministro de Información de la nación árabe, Adnan Mahmud, señaló que, según los primeros datos disponibles, el nivel de participación ha sido elevado.

En algunas partes del país los colegios electorales, que abrieron sus puertas a las siete de la mañana, no cerraron hasta las 22:00 (hora local) para que todos los ciudadanos con derecho a voto pudieran expresar su opinión sobre la reforma constitucional promovida por el Gobierno.

El referendo, boicoteado por una parte de la oposición siria, es apoyado, no obstante, por algunos grupos de la misma, que esperan que la consulta popular realmente conduzca a las reformas políticas anunciadas por el Gobierno de Al Assad.

Esta consulta popular se celebra en un momento en el que la presión de Estados Unidos y otras potencias y de sus aliados sobre las autoridades sirias va en aumento, al tiempo que no cesan los violentos enfrentamientos entre el Ejército sirio y los grupos armados de la oposición.

Los participantes en el reciente encuentro de los llamados 'Amigos de Siria', que buscan la dimisión de Al Assad, reconocieron a la oposición siria “como los representantes legítimos de los sirios que buscan cambios democráticos en el país”, al tiempo que instaron a aumentar la presión sobre las autoridades del país. Por su parte, Damasco calificó el encuentro como una reunión “de los amigos de Washington y enemigos del pueblo sirio”.

Uno de los cambios principales del proyecto de la nueva Constitución siria se refiere al multipartidismo. El artículo 8 de la Carta Magna suspende la primacía del partido Baaz, liderado por el actual mandatario, y equipara los derechos de todos los partidos políticos.

Asimismo la nueva ley fundamental establece que Siria es una nación democrática y limita el cargo presidencial a dos periodos consecutivos de siete años.

De ser aprobado el proyecto de reforma constitucional, los ciudadanos del país tendrían que volver a acudir a las urnas en un plazo de 90 días para la celebración de elecciones legislativas.