Inútiles fueron los esfuerzos de la defensora pública Fátima Rosales para que la juez no admitiera la acusación.

Un oficial de la Policía Nacional, con grado de sub comisionado- es el primer acusado por el delito de violencia en los juzgados de Ciudad Sandino, donde el Ministerio Público “estrenó” la Ley 779 acusándolo de violencia psicológica en perjuicio de su ex compañera de vida.

La audiencia preliminar tuvo lugar este dos de julio en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencias de Ciudad Sandino, cuya titular, la doctora Karen López Fuentes admitió la acusación, ordenó mantener en prisión preventiva al acusado y lo remitió al Sistema Penitenciario de Tipitapa. La judicial sustentó su decisión en los múltiples elementos de convicción proveídos por el Ministerio Público, que señalan al policía como responsable de los hechos que le imputan y que por su condición de oficial de policía pusieron en peligro la vida de la víctima.

La acusación fiscal recoge los pormenores de la agresión sistemática que Jorge Luis Cuaresma Flores ejerció contra su ex pareja desde diciembre del año 2010, cuando le dijo que por estar fea, gorda y no servirle para nada se había buscado otra mujer.

Karla Andino, representante del Ministerio Público, explicó a la juez que desde esa fecha hasta ahora, el acusado protagonizó una serie de eventos en los que no tenía reparo de involucrar a sus menores hijas, sobre todo a una que sufre deficiencia intelectual leve, según diagnóstico de “Los Pipitos”.


Subcomisionado Jorge Luis Cuaresma Flores

La historia continuó con salidas y regresos al hogar, pasando por propuestas a la víctima de que volvieran a tener relaciones sexuales, pero como esta se negó, el ahora acusado le retiró el apoyo económico para el sustento de las niñas, al punto que cuando éstas le pedían dinero él les gritaba que dejaran de “joder”.

Machismo irracional

Las ofensas, comparaciones denigrantes, acosos por mensajes de texto y amenazas de que le quitaría la casa y la dejaría “en la calle” junto a sus hijas arreciaron cuando, aparentemente, el victimario se dio cuenta de que su ex compañera tenía una nueva relación. Y así continuaron sucediéndose las agresiones verbales hasta que un día, según el libelo acusatorio, Cuaresma sacó su arma de reglamento y se la puso en la frente a Pérez López.

La fiscal Andino relató que la agresión más reciente tuvo lugar la noche del 28 de junio, cuando luego de la “sarta” de insultos proferidos desde afuera de la vivienda donde la víctima se encontraba con sus hijas, Cuaresma Flores colmó la paciencia de una de éstas, quien le pasó un cuchillo a su madre para que se defendiera.

En esos momentos pasó una patrulla que condujo a víctima y victimario hacia la delegación policial. Sin embargo, la furia de Cuaresma Flores era tal que según la fiscal, se atrevió a golpear con sus puños a Pérez López, hecho del que fueron testigos los oficiales de Policía que iban en la unidad policial y que hasta en ese momento procedieron a esposarlo.

En representación del acusado, la defensora pública Fátima Rosales alegó que la judicial no es competente para conocer esta clase de delitos por no ser juez de violencia ya que estas autoridades no han sido instaladas, y además, porque en la relación de los hechos la víctima no precisa día, lugar y fecha de las agresiones recibidas.

La licenciada Rosales protestó porque según ella se estaban “violando los derechos y la dignidad del imputado” por la cobertura periodística de la audiencia, al tiempo que pidió a la jueza López Fuentes que rechazara la acusación y en el peor de los casos le decretara medidas alternas a la prisión preventiva, como nombramiento de custodias y presentación periódica.

“La acusación es genérica y omisa, un solo acto (de violencia) no constituye violencia sicológica”, dijo inútilmente la defensora pública.

La judicial desestimó todas las peticiones de la defensora pública y manifestó su extrañeza de que siendo funcionaria del Poder Judicial, no esté enterada de las disposiciones de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, para que en los municipios sean los jueces de Distrito Penal los que conozcan de los delitos de violencia contra la mujer.

Además, agregó, exigir a la víctima que recuerde cada detalle de las agresiones sufridas sería pedirle que ande anotándolos en un diario y constituiría una revictimización, concluyó la jueza.