foto J. Cajina
El vicepresidente de Nicaragua y exjefe del Ejército, Omar Halleslevens, dijo ayer que el Estado no comete persecución política contra los desmovilizados, quienes el lunes acusaron al gobierno de Daniel Ortega de espiarlos.
“En este país nadie puede hablar de persecución política, este es un país eminentemente democrático” y, además, “hay un entorno, un ambiente donde todo el mundo se puede expresar”, sostuvo.
El vicemandatario nicaragüense llamó ayer al diálogo a los exmilitares, para buscar una solución a sus demandas, aunque admitió que siempre “habrá dificultades”.
Retirados del Ejército que formaron el Consejo Nacional de Defensores de la Patria “Camilo Ortega” señalaron el lunes al Ejecutivo de perseguirlos y espiarlos.
También que en un choque protagonizado con antimotines de la Policía Nacional, el pasado jueves cerca del aeropuerto en Managua, unos 60 exmilitares resultaron golpeados, 30 heridos y 10 detenidos, quienes ya han sido liberados.
Los desmovilizados exigen acceso a tierras, al plan techo, a una pensión y atención médica.
Según los exmilitares, si el Gobierno de Ortega no inicia pláticas con ellos a partir del viernes, activarán sus protestas paralizando el paso vehicular en diferentes vías del país.
Los exarmados dicen representar entre 12 mil y 20 mil retirados del extinto Ejército Popular Sandinista que lucho contra la Resistencia en el primer gobierno de Ortega, entre 1979 y 1990.
