Una caravana de madres de emigrantes centroamericanos que buscan a sus hijos desaparecidos en México cuando trataban de llegar a Estados Unidos se internó este jueves en una peligrosa zona de Tamaulipas (noroeste), un territorio donde tiene fuerte presencia el cártel de Los Zetas.

El grupo compuesto por 47 madres y otros familiares de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala partió este jueves desde el puerto de Tampico hacia la ciudad de Reynosa, en la frontera con Texas (Estados Unidos), tal y como afirmó telefónicamente a la AFP Martha Sánchez Soler, integrante del Movimiento Migrante Mesoamericano.

En su recorrido, la caravana pasó por el poblado de San Fernando, donde en agosto de 2010 aparecieron muertos 72 migrantes de cinco países, asesinados según las autoridades por el cartel de Los Zetas, que los había secuestrado para exigir rescate a sus familiares en Estados Unidos o presionarlos para que se sumaran a sus filas.

La caravana denominada "Liberando la Esperanza", que se inició el fin de semana en Guatemala e ingresó el lunes a territorio mexicano, pasó por San Fernando sin correr riesgo alguno y llegó a Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas.

En esa ciudad se reunieron con dirigentes empresariales, quienes les manifestaron su apoyo y demandaron al gobierno mexicano que reconozca "condición de vulnerabilidad" de estos inmigrantes en México. La caravana cubre una ruta de más de 4.000 kilómetros por 14 de los 32 estados mexicanos que concluirá la próxima semana en la capital.

En un recorrido similar al que ya han realizado en los dos últimos años, los familiares intentarán obtener informes que puedan llevar a localizar a algunos de sus allegados, como ya ocurrió en 2011 con una hondureña que encontró a su hijo.

Unos 140.000 centroamericanos, según cifras del gobierno mexicano, ingresan en México de manera ilegal cada año con la esperanza de llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales estiman que esa cifra puede ser tres veces mayor.

En su ruta hacia la frontera norte, muchos de ellos sufren vejaciones a manos de autoridades y robos o secuestros por parte de grupos del crimen organizado, según la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este organismo, equivalente a la oficina del Ombudsman, estima que anualmente 20.000 migrantes son secuestrados en México para pedir rescate a sus familias.

El propósito de la caravana es "llamar la atención de los nuevos funcionarios que entrarán a gobernar este país (México), para dejarles saber que no puede continuar esta situación; es una crisis humanitaria", dijo Sánchez Soler.

El próximo 1 de diciembre asumirá el poder en México un nuevo gobierno encabezado por el presidente electo, Enrique Peña Nieto, del partido Revolucionario Institucional (PRI), que regresa al poder tras 12 años en la oposición.

La semana pasada, el responsable de las políticas de migración en el equipo de transición nombrado por Peña Nieto, Arnulfo Valdivia, anunció que el próximo gobierno se propone blindar la frontera sur, con la creación de una guardia fronteriza y la instalación de diez garitas para impedir el paso de migrantes centroamericanos, una decisión que suscitó críticas de los grupos que defienden a los migrantes.

Sánchez Soler señaló que se trata de una solución simplista, mientras las autoridades evitan investigar las denuncias sobre los crímenes cometidos contra los migrantes, ni tratan de identificar a las víctimas que hallan en las fosas clandestinas.

"Todo México es un cementerio de migrantes cubierto por fosas clandestinas; cuando descubren los cadáveres los avientan a fosas comunes sin hacer esfuerzos de identificación, terminan en los cementerios mexicanos, esto es una tragedia que no tiene fin", señaló la activista.