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Un comunicado dado a conocer por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, señala que no hay ninguna autoridad coordinadora externa que regule las funciones del poder judicial y que es una campaña de desprestigio en la cual desmiente al diario de la oposición La Prensa por esas noticias.

La Corte Suprema de Justicia por este medio denuncia la campaña de desprestigio iniciada por el diario La Prensa contra el Poder Judicial, a raíz de una asamblea de funcionarios de la circunscripción jurisdiccional de Occidente.

Citando fuentes totalmente anónimas y con el único objetivo de dañar la institucionalidad de este poder del Estado, una vez más dicho diario se embarca en una campaña de descalificación sobre la base de una mentira, pasando incluso por alto el desmentido de la propia presidenta de la Corte Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, quien en declaraciones a ese medio aclaró que en el Poder Judicial no existe ninguna autoridad coordinadora externa, más que las claramente establecidas por la ley.

La Corte Suprema de Justicia declara enfáticamente que en estricto apego a lo que establecen la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Poder Judicial, este poder del Estado se conduce a través de sus propias autoridades político-institucionales: Corte Plena, Presidenta, Vicepresidente, Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, y las cuatro salas que integran la Corte con sus respectivos presidentes.

Como parte de su proceso de división del trabajo y para efectos de hacer cumplir las metas y objetivos definidos en su Plan Estratégico Decenal 2011-2021, la Corte Suprema ha distribuido a sus magistrados para la atención de las nueve circunscripciones judiciales. Cada magistrado se encarga de atender las necesidades y particularidades propias de cada región, asegurando los suministros técnico-materiales de los tribunales, ayudando a resolver los problemas y velando por la correcta administración de justicia.

Como medida de sanidad, actualmente la Corte ha iniciado una rotación de sus magistrados en dichas coordinaciones regionales, por lo que se ha realizado un proceso asambleario en que el magistrado saliente rinde cuentas de la gestión realizada ante los funcionarios judiciales de toda la región y traslada la circunscripción al nuevo encargado. Normalmente a estas asambleas son invitadas distintas autoridades, instituciones, personalidades locales e invitados especiales, sin que ello signifique de ninguna manera la intromisión de éstos en los asuntos de la institución.

La Corte Suprema de Justicia desmiente al diario La Prensa y reafirma que en el Poder Judicial no existe ninguna otra autoridad político-institucional más que las claramente definidas en la ley. La campaña de dicho diario no tiene otro objetivo que empañar el prestigio, la autoridad y la credibilidad que a base de trabajo y esfuerzo ha venido construyendo el Poder Judicial, a través del proceso de modernización que se viene impulsando.

Producto de este proceso, la población reconoce los grandes cambios y transformaciones ocurridas en los últimos años en la administración de justicia, como el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, la reducción a casi cero de la mora en materia penal, la drástica disminución de la retardación en materia civil, la exitosa aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer y la reforma legislativa que introdujo la oralidad en los juicios, con la consecuente transparencia y celeridad en la tramitación de los mismos.

Desde hace varios años los nombramientos de jueces y magistrados se realizan por concurso, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial (Ley 501); estos concursos han sido públicos y en ellos no interviene ninguna otra autoridad más que las establecidas en la ley.

La Corte Suprema de Justicia exhorta al pueblo nicaragüense y a todas y todos sus funcionarias y funcionarios, a rechazar esta campaña de descrédito, a seguir trabajando para fortalecer los objetivos trazados en nuestro plan estratégico decenal y dar cumplimiento a la misión en él establecida de impartir justicia de forma imparcial, eficiente, transparente, oportuna y humana; asegurando el acceso a la justicia de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República.