El gobierno de Nicaragua anunció ayer que en la segunda semana de septiembre presentará al sector empresarial y a la dirigencia sindical la propuesta de reforma a la Ley del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), con el fin de abrir los debates. El asesor de la presidencia de Nicaragua en materia económica, Bayardo Arce, señaló que la propuesta de enmienda no afecta la edad de jubilación ni el número de semanas que un trabajador debe cotizar ante el INSS para tener derecho al retiro laboral, al llegar a los 60 años.

Arce, sin embargo, no negó ni confirmó un posible incremento del porcentaje de aportaciones económicos que deben pagar al INSS, tanto los trabajadores como la parte empresarial. Por su parte, el Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) y las principales centrales sindicales del país anunciaron este jueves que no aceptarán ninguna reforma de ley que afecte los derechos adquiridos por los trabajadores, particularmente el derecho a jubilarse a los 60 años y 750 semanas de cotizaciones.

No obstante, las centrales sindicales progubernamentales e independientes confirmaron la decisión de negociar un incremento económico de la tasa de cotización al sistema de la Seguridad Social. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguirre, dijo que no se descarta ninguna posibilidad de incremento en la tasas de cotización, pero insistió en que los resultados de estas negociaciones no recaerá en costos unilaterales. Aguirre reiteró que la aprobación de una reforma al sistema deberá garantizar la estabilidad al INSS a través de costos compartidos.

Representantes del gobierno de Nicaragua declararon el miércoles que la situación del INSS es "frágil y delicada" y que la institución corre el riesgo de colapsarse en caso de que no se concrete la reforma. La cotización al INSS en la actualidad es compartida por empleadores y trabajadores. Los primeros aportan 16 por ciento y los últimos, 6,25 por ciento del salario mensual.