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En los próximos días la Corte Suprema de Justicia estará firmando en Masaya el Convenio de Continuidad y Consolidación del Programa para tener Derecho a un Nombre, un Apellido y una Nacionalidad, gracias al sobrecumplimiento de la meta de entrega de partidas de nacimiento por parte del juzgado ad hoc creado especialmente para este tipo de peticiones.
La información fue brindaba por el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Masaya, doctor David Rojas Rodríguez, quien afirmó que el programa “La Inscripción en el Registro Civil: un derecho para tener derecho”, es un mecanismo efectivo del cumplimiento del Plan Estratégico del Poder Judicial 2012-2021, en el lineamiento de Acceso a la Justicia.
El convenio será firmado por la CSJ, la Alcaldía de Masaya y el Bufete Popular Boris Vega, con el objetivo de erradicar el subregistro de nacimientos y promover en la población la importancia social de la inscripción en el Registro del Estado Civil de las Personas.
El programa “La inscripción en el Registro Civil: Un Derecho para tener Derecho”, restituye el derecho a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad, afirmó el magistrado Rojas Rodríguez.
La continuidad del programa es gracias a los resultados conseguidos a partir del Sobrecumplimiento del 108 por ciento en el año 2012, por arriba de la meta propuesta de 700 reposiciones de partidas de nacimiento entregadas en el Juzgado Ad Hoc de Masaya.
A la fecha el juzgado ad hoc ha emitido 2,657 reposiciones de partidas de nacimientos.
El segmento poblacional que accedió a la justicia a raíz del programa, corresponde a niñas y niños y adolecentes en un 85 por ciento; y un 15 por ciento adultos que aún no estaban inscritos.
El magistrado Rojas Rodríguez, delegado por la CSJ como Coordinador de dicho programa; el licenciado Boris Vega, representante del Bufete Popular Boris Vega y el Alcalde de Masaya, ingeniero Orlando Noguera, definieron los puntos estratégicos del programa.
El Alcalde de Masaya y el representante del Bufete Popular Boris Vega, reconocieron el mecanismo que estableció la Corte Suprema al hacer itinerantes y proactivos al juez Ad Hoc y a su secretario, para atender a la población en cada una de sus comunidades o barrios.
