WASHINGTON - La Casa Blanca analiza aplicar un enfoque más amplio para detener la violencia a raíz de las armas de fuego: no sólo prohibir los fusiles de asalto, pero para lograr mayores controles sobre la compra de pistolas, informó The Washington Post, después de un día del nuevo tiroteo reportado en Aurora, Colorado, el lugar donde hace medio año ocurrió una matanza en el estreno del filme "Batman".

Según el diario de la capital, una comisión bajo el mando del vicepresidente Joe Biden, por orden del presidente Barack Obama, ha realizado una reforma de mayor control para una reorganización a través de la legislación en forma completa de esta materia.

Entre las medidas contenidas, esta un control del movimiento y venta de armas con una base de datos nacional, mayores controles ante la salud mental y multas severas a quien viaje con armas de fuego cerca de una escuela o se las dé a menores.

Con la motivación ante el tiroteo en una escuela de Connecticut, que dijo sin vida a 20 niños de entre seis y siete años, y 6 adultos, y volvió a reabrir el debate sobre el control de la venta de armas en el país, la Casa Blanca prefirió escoger la línea dura para hacer frente a este delicado tema.

Para lograr dar “nacimiento” a la nueva normativa, el número dos del presidente habría colaborado muy cercanamente con algunos asesores del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en primera instancia en esta batalla por la seguridad, para bajar la enorme cantidad de armas que circulan por las calles de Estados Unidos.

Además, la Casa Blanca implementó otras estrategias, al negociar el apoyo de Wal-Mart y otras grandes empresas de venta de armas con medidas que beneficiarían sus negocios, señaló el rotativo.

El texto que Biden debería llevar ante el Congreso para finales de mes prevé, en concreto, un control encomendado a las fuerzas de seguridad de los requisitos universales sobre quien puede poseer un arma, así como un reforzamiento de los test de salud mental a los que someter a quienes desean comprar fusiles y pistolas.

La reforma también introduce la idea de una base de datos nacional sobre los movimientos de las armas, a partir de su primera adquisición, y prevé multas y sanciones severas a quien deambula armado cerca de escuelas.

Una vez presentada la reforma, el mismo Obama estaría realizando una gran campaña dirigida al público para alcanzar el apoyo popular a estas medidas que, según muchos estadounidenses, van en contra a la Constitución, puesto que la segunda enmienda permite llevar armas.