La Asamblea Legislativa de Venezuela entra en un proceso muy delicado, que daría libertad a los presos del gobierno como es el caso de Leopoldo López.
Foto Un camino de escollos que amenaza con desembocar en un nuevo choque institucional en el parlamento venezolano es el debate del proyecto de ley de amnistía para presos políticos, aunque para la mayoría opositora se da por descontada su aprobación.
La legisladora opositora, Delsa Solórzano, expresó “después de 17 años de odio y división, debemos unirnos para salir de esta crisis, el clamor que tenemos los venezolanos es de unión, paz y reconciliación nacional, por ello es tan necesaria la aprobación de la amnistía”.
Héctor Rodríguez, jefe de la minoritaria bancada oficialista aseveró que “no la apoyamos porque es una ley que pretende generar impunidad, mediante la cual los victimarios buscan perdonarse a sí mismos”.
Tras esta primera discusión, que duró casi tres horas, el plenario aprobó enviar el proyecto a la Comisión de Política interior de la cámara y convocar a los “sectores que se sientan beneficiarios”, pero no se informó cuándo será la votación.
Al presentar su informe de gestión ante el nuevo parlamento el 15 de enero, Maduro expresó su rechazo a la ley, aduciendo que dejaría en la impunidad las 43 muertes ocurridas en las protestas de 2014 que buscaban sacarlo del poder, y por lo cual se apresó entonces al opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia.
Maduro, cuyo gobierno niega que los detenidos sean presos políticos y los califica como “asesinos” y “golpistas”, propuso una comisión para resolver la situación de los detenidos, siguiendo modelos como el que se aplicará en el proceso de paz con las guerrillas colombianas o el del apartheid en Sudáfrica.
“Amnistía más reconciliación igual a paz”, se leía en un letrero que llevó al palco de invitados Lilian Tintori esposa de López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión, junto a familiares del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y seguidores del ex candidato presidencial Manuel Rosales, también presos.
La ley, a la que el gobierno socialista de Nicolás Maduro y el oficialismo se oponen rotundamente, es una de las prioridades del Congreso, dominado por la oposición tras 17 años de hegemonía chavista, ésta busca amnistiar a unos 75 presos y a personas que se han exiliado por ser supuestos opositores del chavismo.
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