La Jornada
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ACTUALIZADO: 30 DE JULIO DE 2007

El Código Procesal Civil de la República de Nicaragua

Entre las nuevas propuestas estaba la modernización del sistema jurídico civilista
Por Luis Manuel Canales Pérez, Abogado

Nuestro Código Procesal Civil (Pr.) entró en vigencia el 1 de enero de 1906 (arto. 2144 Pr.), en medio de una de las mayores y mejores transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas, por los que ha atravesado nuestro país (Revolución Liberal encabezada por el General José Santos Zelaya). Dichos cambios eran la respuesta a 30 años de gobiernos conservadores, que apoyados en el derecho canónico, entorpecieron la evolución de un movimiento jurídico en desarrollo alrededor del mundo.

Considero que los principios rectores de nuestra revolución liberal fueron las nuevas propuestas, los nuevos aires de libertad y cambio que requería la sociedad nicaragüense de la época.

Entre las nuevas propuestas (de dicha revolución) estaba la modernización del sistema jurídico civilista. Asi fue como se promulgó el 7 de noviembre de 1905 el “Código Procesal Civil” (actual) que junto con el Código Civil, forma un conglomerado jurídico que regula las relaciones entre las personas naturales y/o jurídicas, la familia y la propiedad, y las cosas (res) o los bienes; mismo que ha regido a la sociedad nicaragüense, desde su entrada en vigencia hasta nuestros días.

Por otro lado, el Pr. (como se le conoce al Código Procesal Civil entre los usuarios del sistema jurídico, los estudiantes de derecho y los abogados litigantes) se divide en 3 libros: Libro I: Disposiciones Comunes; Libro II: Jurisdicción Voluntaria; y Libro III: Jurisdicción Contenciosa. De manera tal, que todos los abogados litigantes utilizamos dicho código como si tratase de La Biblia para los cristianos. En diferentes tribunales que imparten justicia en la república de Nicaragua, se puede ver algún abogado litigante que en sus manos o bajo su axila derecha carga un “Pr”, cual se tratase de un predicador de las Sagradas Escrituras.

En nuestros días el Pr. se ha convertido en un instrumento jurídico que todo abogado litigante domina de manera diestra para resolver diferente conflictos que le presentan las personas que requieren de sus servicios. Todo abogado litigante, al escuchar la exposición de los hechos de las personas que requieren de sus servicios, de manera casi automática, piensa en artículos del Pr., medios de prueba y lo más importante: la “Acción” que utilizará; para posteriormente, entrar en un análisis jurídico que le permitirá ahondar en el tema.

Actualmente, una comisión especial de la Asamblea Nacional en coordinación con nuestra Excelentísima Corte Suprema de Justicia, elabora el texto del nuevo Código Procesal Civil que aspira desprenderse de un sistema jurídico civil arcaico, para crear una legislación con las sólidas bases que nuestra sociedad y la modernidad exige.

Considero que los expertos que están elaborando el nuevo Pr., no deben de cometer el error de copiar y pegar (copy – paste como dirían algunos colegas) de las legislaciones extranjeras todo aquello que parezca “bonito” para la nuestra. Sin embargo, creo que deben de analizar y “tomar en consideración” todas las normas que, además de estar ajustadas a nuestra realidad (Nicaragüense), resuelvan los conflictos de manera expedita y así tratar de evitar la retardación de justicia que actualmente sufre nuestro Poder Judicial.

Uno de los elementos más importantes de los que se ha venido hablando durante los últimos años por distintos juristas y personas involucradas en la elaboración del texto del nuevo Pr., ha sido la Oralidad de los juicios civiles. Dicha Oralidad reduciría enormemente la retardación de justicia por la que atraviesa nuestro poder judicial; retardación que ha sido criticada hasta la saciedad por todos los usuarios de los procesos civiles nicaragüense.

Necesitamos un Pr. cimentado con las bases de la sociedad actual, con modernos medios de prueba y que de manera análoga hemos utilizado tanto los usuarios como los jueces de la República.

Además, considero necesario incluir en el nuevo Pr., medios alternos de resolución de conflictos (Mediación y Arbitraje) que actualmente están contemplados en la Ley 540. Estos medios alternos, además de simplificar largos y tediosos procesos judiciales, dejan una gran satisfacción entre sus usuarios, quienes no sienten en la resolución una imposición, sino una decisión bilateral.
 
Es muy importante que para la elaboración del texto del nuevo Pr. sean citados distintos grupos de abogados litigantes y miembros de la sociedad civil, para no cometer el gravísimo error de aprobar un Pr. que no esté ajustado a la necesidad de sus usuarios.

Por el momento, continuaremos utilizando un Pr. (mientras no se publique el nuevo) que, considero, se debería de conservar para el estudio y análisis de las futuras generaciones de abogados y demás personas interesadas.

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