El reciente incendio del Mercado Oriental vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de ordenar el desarrollo urbano de esos conglomerados comerciales para que la ubicación de los tramos y su construcción –sobre todo sus instalaciones eléctricas- se haga con orden y seguridad, para evitar que se repitan nuevas tragedias que tendrán resultados más dramáticos y funestos.

Autoridades nacionales y locales se han referido al siniestro señalando que ha sido la anarquía de los comerciantes la responsable que ha hecho crecer el mercado construyendo sobre vías de acceso, de forma insegura y temeraria.

Lo anterior es cierto, pero también lo es que las autoridades competentes actuaron con negligencia al permitir esos desarrollos.

Durante todo este tiempo, -hasta el pasado jueves-, con indolencia dieron los permisos, cobraron las tasas por servicios y requirieron los pagos de derechos de piso e impuestos, aceptando tácitamente que esas construcciones se hiciesen, sin importar su peligrosidad y los riesgos, que causaron la desgracia que hoy todos lamentamos.

En buen momento las autoridades municipales y nacionales han tomado la decisión de reordenar el sector, "abriendo y limpiando las vías aledañas, revisando las instalaciones eléctricas, asegurando los abastecimientos de agua y dando alternativas a los comerciantes que serán  reubicados, para no correr a ninguno".

Ese compromiso merece el respaldo público y el deseo de que esa voluntad se extienda a otras áreas y la asuman otros funcionarios.

Para apoyar esa buena medida y a los comerciantes, en la Asamblea Nacional debemos de crear un Fondo con los recursos de la "sobre recaudación fiscal del 2008", y ampliar en un año adicional el beneficio de no pago de impuestos que la ley ya les otorga por seis meses.

El control de la calidad de los materiales y de las técnicas de construcción, la verificación de la seguridad para los pasajeros de los transportes públicos y el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con discapacidades, son  entre otras actividades que están al garete y ausentes de control. Por lo tanto se requiere que las autoridades correspondientes superen su negligencia y hagan cumplir las disposiciones para lo cual han sido nombradas en el cargo que detentan.

De esa manera, al asumir las autoridades su responsabilidad, las cosas marcharán mejor y ya no ocurrirán "tragedias anunciadas".