La corrupción política ha provocado gran parte de la indignación que ha recorrido el mundo en 2011, concluye Transparency International en el Índice de Percepción de la Corrupción Política que acaba de publicar. El mapa de la corrupción muestra la poca confianza que tienen los ciudadanos de un gran número de países en su clase política, algunos de ellos en Europa.
La publicación anual de este índice solía confirmar la clasificación de países en dos grupos: los corruptos tercermundistas y los más transparentes, del “Primer Mundo”. En países como Estados Unidos se había llegado a confundir democracia con “economía de mercado”. Pero la ciudadanía que apoyó el 15-M y apoya el movimiento Occupy Wall Street acaba de despertar para ver cómo la economía de mercado pone en peligro el juego democrático por la desregulación que preconiza la escuela neoliberal de Milton Friedman, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Con esta falta de reglas, se han erigido como árbitros las agencias de calificación y los mercados, que muestran las tarjetas rojas a los jugadores lesionados en lugar de expulsar a quienes cometieron las faltas y “repartieron las patadas”.
Cada vez tiene más eco el slogan de “no nos representan”. Aumenta la percepción de que los políticos han dejado de representar a la ciudadanía que los eligió con su voto para representar los intereses de los llamados “mercados”. La traición de un partido a su programa electoral y sus principios se interpreta como una forma de corrupción que sacrifica el bien común por una supuesta tregua de los llamados “mercados”. Como a Godot, aún esperan a esa tregua.
Al atribuir a la crisis económica la derrota más abultada que han sufrido como formación política desde la muerte del dictador Franco, el Partido Socialista refuerza la falacia de que la única salida para los Estados consiste en la obediencia a los dictados de los “mercados”. El todavía presidente Zapatero aún sostiene que evitó una catástrofe mayor con recortes a conquistas que él mismo ayudo a conseguir durante su primer mandato.
Pero las redes sociales han multiplicado el conocimiento del gasto militar en Afganistán y en otras misiones donde la presencia de España tiene cada vez menos sentido. O de los privilegios a los que no renuncia una clase política que espera comprensión de los afectados por los recortes. Les pide unos sacrificios que desconocen las fortunas que evaden impuestos por medio de paraísos fiscales. O los exdirectivos de cajas de ahorros que blindaron sus contratos y que fijaron indemnizaciones millonarias ante su inminente despido por incompetencia y sus pensiones vitalicias de millones de euros. Los argumentos legalistas no tardaron en bloquear una necesaria discusión pública cuando se produjeron esos escándalos: la indecencia de los privilegios no los convertía en ilegales.
Algunos partidos políticos prefieren no tocar el tema de unas cajas de ahorros que controlan con los directivos afines o afiliados políticos que colocan. Saben además que, si quiebran esas cajas, no tardarán en llegar los rescates con dinero público. Esta intervención decidida de los políticos de uno y otro partido a favor de intereses privados no coincide con la falta de margen que dicen tener para evitar recortes que cercenan derechos adquiridos.
Con declaraciones como que “los españoles han vivido como ricos”, algunos políticos han provocado la indignación pública. Hablan de estado de “bienestar” como si las pensiones, la sanidad y la educación públicas fueran más un lujo y un despilfarro que la conquista social de derechos universalmente reconocidos.
Los recortes en sanidad que se han producido en los últimos meses en España ya se han cobrado la vida de personas que esperaban una atención médica que nunca llegó. La sanidad pública cuesta, dicen, como si en todos estos años esos ciudadanos no hubieran pagado sus impuestos.
Aunque se han multiplicado las protestas y manifestaciones en España, en Grecia, en Portugal y en Estados Unidos, apenas empezó el despertar de millones de ciudadanos en estado de shock. Como no dura para siempre la desorientación tras el cataclismo que permite las privatizaciones masivas y la degradación de lo público, aún queda tiempo para hacerse escuchar y exigir derechos que no se pueden derogar porque no dependen de ninguna coyuntura.
