La expresión credit card fue acuñada por Edward Bellamy en su novela de socialismo utópico titulada “Looking Backward”, escrita en 1887. Originalmente, era parte del socialismo utópico, consistía en una tarjeta de cartón con la cual cada individuo podía cargar todos sus gastos a sus ingresos del año o endeudarse con cargo para las rentas de los próximos años. Se desarrollaba en un mundo ideal, en donde había desaparecido el dinero.

El sistema, a como lo conocemos actualmente, inició en los Estados Unidos en los años cincuenta del siglo pasado. Actualmente, millones de personas utilizan tarjetas de crédito para realizar sus intercambios. La publicidad que se hace de ellas la han convertido en una necesidad, y su posesión, en un signo de status social.

Las tarjetas de crédito se han vuelto, también, un instrumento de identificación. Cuando alguien llega a alojarse en un hotel, lo primero que le solicitan en la recepción es su tarjeta de crédito, y lo mismo ocurre para arrendar un automóvil, o para hacer reservaciones.

Este invento estadounidense se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en un instrumento de control y dominación de los bancos y de las transnacionales, doquiera que ellas se encuentren, pudiendo estos, así como los gobiernos de los países a que pertenecen, rastrear las transacciones de las personas naturales y jurídicas, así como las de funcionarios de los gobiernos con los que compiten a nivel económico e inclusive político, ayudando a que dichas transnacionales, bancos y gobiernos controlen el sistema financiero internacional a su gusto y discreción.

Ya en su libro “El cambio de Poder”, de Alvin Toffler, el dinero electrónico era uno de los medios previstos. Décadas después, la globalización de la economía ha impulsado fuertemente la utilización del “dinero plástico” en el mundo, por la facilidad de realizar pagos dentro y fuera de un denominado país. El desmesurado crecimiento del sector financiero es una prueba de ello. Esto contrasta notablemente con el desarrollo de sectores importantes. En realidad, el sector bancario ha crecido en detrimento de los otros, siendo las altas tasas de interés las que, en el último análisis, impiden el desarrollo de los países. Los intereses usurarios y el anatocismo practicado en las tarjetas de crédito contribuyen notablemente a ese crecimiento.

Focalizándonos en Nicaragua, datos de la Superintendencia de Bancos (SIB) indicaron, en diciembre de 2008, que había en el país 384 mil 405 tarjetahabientes, mientras que el número de tarjetas era de 539 mil 331, lo que indica que un deudor posee más de una tarjeta de crédito. El crédito en concepto de tarjetas ascendía a 7,633 millones de córdobas, de 46,281 millones de córdobas del crédito total, según el reporte de la SIB. En ese sentido, el crédito otorgado al llamado “dinero plástico” resulta mayor que el otorgado a los sectores agrícolas y ganaderos, y levemente superior al hipotecario.

Con sus tasas de interés usurarios, los bancos frenan realmente el desarrollo del país, aún más en las condiciones actuales en que se encuentra el mundo financiero nacional, dependiente casi en su totalidad de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Hay una evidente desproporción en los intereses practicados por los bancos y la expansión del crédito con tarjetas se ha dado de una manera acelerada. Con una política agresiva, los bancos continúan, en la práctica, a ejercer una especie de feria dar tarjetas de crédito.

En este sentido, es interesante observar cómo la mayoría de los Presidentes y apoderados generales de los Bancos, o residen en el exterior, o viajan constantemente para evitar ser notificados de las demandas judiciales en su contra; sin embargo, del otro lado del espectro, los Bancos ejecutan miles de demandas por año en los Juzgados y son implacables con sus deudores, especialmente los tarjetahabientes, a los cuales le quitan hasta sus instrumentos de trabajo para pagarse las deudas que se acrecientan día a día, por los intereses usurarios y cobros de todo tipo. Se conocieron datos oficiales del Poder Judicial, que indican que en los Juzgados de Managua hay más de 40 mil juicios por deuda. La mayoría es por tarjetas de crédito.

La vigilancia bancaria tiene que ser estricta, especialmente en las economías más débiles, como la de Nicaragua, para evitar que los banqueros se enriquezcan de manera directamente proporcional al empobrecimiento de la gran mayoría de los nicaragüenses, como ha sucedido con las tarjetas de crédito. La enorme diferencia entre la tasa de interés activa que cobran y la pasiva que pagan los bancos a los depositantes es prueba fehaciente de ello. Estas dos tasas de interés debieran de estar relacionadas para evitar la usura.

De acuerdo con los informes, en diferentes países latinoamericanos se han multiplicado las quejas en contra de los bancos y otras instituciones financieras emisoras de tarjetas, especialmente por los altos intereses y los cargos adicionales por servicios no solicitados. Es por esa razón que la mayoría de los países están regulando la emisión y utilización.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional tiene la potestad de defender a los consumidores de la “letra menuda de los contratos de las tarjetas de crédito”, como ha prometido hacerlo en su país el Presidente Barack Obama. Si un país tan rico como los EU de América puede emprender tales reformas, tendrá que ser posible llevarlo a cabo en un país pobre, como el nuestro.

Los problemas para el pago de los tarjetahabientes no es la falta de voluntad de pago, sino la “falta de ingresos, el desempleo, la disminución en las remesas e irresponsabilidad de algunos grupos financieros, que repartieron tarjetas de crédito como si fueran papeletas de propaganda. Por todo lo anterior, debemos hacer lo imposible para revertir este tan implacable mal.